Carlos Espinoza, quien reside en la ciudad de Pilar, se enteró después de tres años que se inició una demanda por un pagaré en la ciudad de Luque, pero las notificaciones le hacían en la ciudad de Asunción, como si él viviera allí. Ahora se encuentra inhibido y afirma ser otra víctima de la mafia de los pagarés.
Él trabajaba en la Ganadera San Jorge, y les había ganado una demanda laboral por despido injustificado. Posteriormente, el dueño de la empresa, Líder Vicente González, terminó iniciando un juicio ejecutivo en su contra.
El pagaré que presentaron en el juicio es real –dice–, pero tiene una fecha que aparentemente fue llenada después, y con letra diferente.
Carlos Espinoza afirmó que durante el tiempo que trabajó en la ganadera le habían otorgado un préstamo de G. 22 millones, en el 2015. Eso fue saldado en el 2016, luego de descuentos mensuales, explicó.
IRREGULARIDADES. Al iniciar el juicio, la empresa consignó la dirección del demandado en Asunción, siendo esta en realidad la del domicilio de la madre de Carlos, pero tampoco pusieron ninguna numeración.
Al principio hubo una contienda de competencia, como no era en Luque la dirección que aparecía, sino en capital, pero igualmente la Corte resolvió que continúe en el primer Juzgado.
“Pusieron en Luque, pero si la oficina de ellos estaba en Asunción. Ellos no tienen nada en Luque. Yo no vivo en Luque, nada”, explicó Carlos.
Contó que recién se enteró de todo el juicio en 2019, cuando le embargaron la cuenta judicial, en donde le depositaron el dinero que había ganado de la demanda laboral.
En ese entonces, la jueza Patricia Samaniego, en lo Civil y Comercial de Luque, en julio del 2019, ya le embargó G. 29.200.000 de los G. 74 millones que ganó por el despido injustificado.
A partir de allí, comenzó su calvario, contó. A los tres meses, ya apareció en Informconf.
“Me fundió todo. Yo tenía crédito que pagar y con la miseria que gané en el juicio laboral me retuvo otra vez ese G. 29 (millones) por casi dos años. La pérdida que tenemos es terrible”, explicó Carlos.
Recurrió a la Defensoría del Pueblo. Le derivaron con funcionarios de Luque, pero no consiguió ayuda, dijo. Allí le dijeron que él no le podía denunciar a la jueza y tampoco debía recurrir a la prensa. “Mirá que vas a tener problema después”, denunció que le advirtieron.
En la Defensa Pública, la defensora Silvana Castillo que le representó supuestamente le dijo que no se podía hacer nada y que la jueza Samaniego tenía 800 casos como el de él, “y que le va a perjudicar”.
NOTIFICACIONES. Las notificaciones que supuestamente se hicieron, en realidad, nunca llegaron.
La ujier notificadora Viriana Escobar Cardozo escribió el 30 de mayo de 2018 que llegó hasta el domicilio en Asunción, en Santísima Trinidad esquina Bogotá, y que fue atendida por “un señor, quien no se identificó, y recibió el duplicado y se compromete a entregar al destinatario”.
En las demás notificaciones, hizo constar que nadie le recibió. Por su parte, el oficial de Justicia, René Riquelme, escribió en noviembre del 2018 que se constituyó en la dirección mencionada (la de Asunción) y que fue recibido supuestamente por “el demandado Sr. Carlos Espinoza”, pero el hombre niega que fue así.
CALVARIO. “¿Cómo se supone que vas a pagar una deuda, inexistente encima, esto es un fraude. Es tan indignante todo”, lamentó Carlos.
En esa época, contó que a su hijo “se le detectó osteosarcoma en el 2023, un tumor en la tibia. ¿Y dónde le tratás? Yo sin trabajo, mi señora la única que trabajaba. Acá conseguís turno cada cuatro meses. Tuvimos que hacer de todo para llevarle a la Argentina. Más de G. 150 millones gastamos en mi hijo”, contó.
Fiscalía analiza la auditoría hecha a juzgados de Paz
La fiscala Belinda Bobadilla, que investiga la mafia de los pagarés, señaló que realizan un análisis completo principalmente de la auditoría de la Corte, y de ese modo realizar las diligencias para poder imputar o no a los involucrados.
“Ellos tuvieron hallazgos interesantes y estos hallazgos que posiblemente podrían subsumirse en algún tipo penal. Entonces, habría que acceder a los expedientes, determinar en todo caso la conducta de cada uno de los funcionarios y si es posible estas conductas enmarcar en algún tipo penal establecido en el Código Penal”, dijo.
Con respecto a la pesquisa dijo que era imposible que se pudieran ver todos los expedientes que tienen los juzgados de Paz.
Afirmó que justamente, la semana pasada se habían recuperado estos 10.000 expedientes que estaban en poder de una empresa particular. Remarcó que es una suerte de práctica que hacen los juzgados de Paz, porque no tienen capacidad física para almacenar los expedientes que tramitan.
Refirió que esperan denuncias de parte de las víctimas. Sin embargo, hasta ahora recibió pocas denuncias. Instó a que se acerquen a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía en 15 de Agosto casi Haedo, de Asunción.
Por otro lado, refirió que a raíz de que los expedientes no están en el Juzgado es que se da que los demandados no acceden a sus expedientes. “Hay otros que refieren de que te piden una suma de dinero menor inclusive a cambio de hacer desaparecer el expediente”, alegó.
Hasta ahora no hay imputados. Los detenidos, tras declarar, fueron liberados, pero aún siguen bajo investigación, explicó la fiscala.
