Sin embargo, para las víctimas, las medidas adoptadas por la Corte son calificadas como “tibias”, ya que refieren que todos los Juzgados de Paz de Asunción, Central y Bajo Chaco están salpicados en el esquema extorsivo, así como los jueces de Paz.
MEDIDAS. Hasta ahora, la Corte dispuso la reubicación de ujieres, actuarios y funcionarios judiciales que fueron denunciados en las redes sociales por la ostentosa vida que llevan, con viajes de lujo y la adquisición de vehículos cero kilómetros y que están plenamente identificados en el esquema de la rosca mafiosa. Todos ellos pasaron a disposición del Departamento de Personal del Poder Judicial.
Además, se suspendieron los ascensos y nombramientos de los funcionarios involucrados y se dispuso la remisión de la nómina de todos los jueces de Paz de la Capital, así como de los funcionarios de los mencionados juzgados, a la Contraloría General de la República (CGR), para la realización de un examen de correspondencia de sus respectivos bienes, en el marco de la investigación.
PIDEN SANCIÓN EJEMPLAR. Pese a las medidas dispuestas por la Corte en la causa para las víctimas, la intervención aún es muy tibia. Exigen la intervención de todos los juzgados de Paz del país y la sanción de todos los responsables.
Al respecto, el abogado Guillermo Ferreiro dijo que la mafia de los pagarés es una estructura grande, que opera con total impunidad desde hace bastante tiempo y que pese a las denuncias, la Corte nunca hizo nada hasta ahora, que actuó “con esta medida tibia ante el escándalo”.
“Esto ahora tomó un grado de escándalo, digamos, pero esto es una denuncia que hace años se viene haciendo. Existen casos de denuncias penales, hay gente que presentó notas ante la Corte, ya hubo publicaciones periodísticas, y puedo decir que existe una gran complicidad”, denunció. También resaltó que “la Corte tiene demasiada responsabilidad y que ahora dispone una auditoría de reacción inmediata ante el escándalo mediático que hubo”.
PARA LA CORONA. Señaló que la estructura no se trata de un simple esquema de avivados, sino que responde a una estructura cuyo beneficiario final sería incluso un ministro de la Corte o un político; es decir, el clásico esquema del maletín para la corona. “El esquema funciona de la siguiente manera: Se nombran jueces de Paz que tienen una cuota de dinero semanal que tienen que enviar para arriba, puede ser un ministro de Corte, un senador; el que generó su nombramiento”.
Además de disponer la auditoría de los Juzgados de Paz de la Catedral 1º y 2º turnos, San Roque y La Encarnación, la Corte pidió a la Contraloría General de la República que haga el estudio de correspondencia de bienes de nueve jueces de Paz de Asunción. Se trata de los jueces Gloria Machuca, Alejandro Peña, Lourdes Yumi Piñeiro, Liliana de Bristot, Gustavo Villalba Báez, Nathalia Garcete, Carmen Analía Cibils, Víctor Rodríguez Acosta y Elvira Franco. Además, la solicitud incluye a los ujieres y demás funcionarios.
