Contextualicemos. Para el año 2021 había ya fuertes sospechas de que Gomes y su hijo tenían vínculos con organizaciones mafiosas. Por esas fechas, sin embargo, el diputado mantuvo comunicaciones con el propio vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, recomendando el nombramiento de un determinado comisario para ocupar el segundo cargo de mayor relevancia en la Policía Nacional, una designación que finalmente se dio. Es necesario subrayar este dato porque permite dimensionar la gravedad de la situación. La persona instalada en la cúpula policial llegó al cargo por recomendación de un hombre que aparece luego gestionando nombramientos e impunidad para jueces y fiscales funcionales al crimen organizado.
Hay más. En otros intercambios, Gomes comenta con su hijo que aportaría un millón de dólares para la campaña del entonces oficialismo colorado a cambio de un cargo en el Senado. Es cierto que no le dieron ese lugar, pero sabemos que terminó ingresando a la Cámara Baja respaldando a esa facción republicana. Es inevitable concluir que el dinero prometido llegó de alguna manera a las arcas de Fuerza Republicana.
Esto nuevo no hace más que sumarse a las revelaciones anteriores en las que el prolífico gestor aparece traficando influencias con jueces, legisladores y fiscales, para colocarlos en determinados cargos, salvarlos de procesos iniciados ante el órgano que juzga a magistrados o definiendo con ellos movidas necesarias para salvaguardar los intereses de operadores de la mafia. El contenido irrefutable de estas comunicaciones obligó al Legislativo a forzar la renuncia de su representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a la Corte, a dejar fuera a varias magistradas. El presidente Santiago Peña, sin embargo, prefirió ignorar el hecho de que tanto su ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz, como la directora de la entidad encargada de prevenir el lavado de dinero, Liliana Alcaraz, quedaran bajo fuerte sospecha luego de que también aparecieran en las conversaciones con Gomes solicitando su apoyo político para determinadas elecciones, aceptando obsequios de su parte o gestionándole reuniones con fiscales que lo investigaban por lavado de dinero. Ambos hermanos eran por entonces agentes del Ministerio Público; él nada menos que fiscal general adjunto.
La misma actitud fue la que asumió el fiscal general del Estado con respecto a ciertos agentes que también aparecen en los chats, en situaciones más que comprometedoras, y que, sin embargo, siguen hasta hoy en sus cargos.
Las revelaciones no hacen sino confirmar un secreto a voces: la mafia no solo se ha infiltrado en toda la estructura del Estado, sino que además controla ya partes de este. La reacción timorata (por decir lo menos) de actores claves como el fiscal general del Estado y del propio presidente Peña solo nos hace temer que toda la información expuesta hasta ahora quedará en la nada. Y que las renuncias forzadas solo pretenden apagar el incendio.
Paralelamente, los órganos de propaganda del oficialismo empezaron ya con la vieja fórmula de endilgar cualquier escándalo a una mera rencilla republicana, buscando hacer foco en qué facción tiene más involucrados, como si no se tratara de los integrantes del mismo partido y del mismo Estado, infectado hasta los huesos por la sarna del crimen organizado.
Si los propios colorados no reaccionan ante las evidencias, su partido terminará fagocitado por una nueva facción que les garantizará el financiamiento y la victoria electoral, pero a un costo terrible. Y es que estos no son solo contrabandistas de cigarrillos, estos no solo compran o alquilan voluntades… estos matan.
