El asesinato del vicepresidente de la República Luis María Argaña, en 1999, salpicó a varios políticos y poderosos, pero ninguno fue condenado. Al final, todos fueron desvinculados del proceso por falta de pruebas.
El proceso judicial se realizó bajo el viejo sistema penal. En ese contexto, el juez Jorge Bogarín dictó la orden de detención, el 5 de mayo de 1999, contra el actual líder de Unace, Lino Oviedo; los empresarios Bonifacio Nara y Conrado Pappalardo y el político oviedista de Pedro Juan Caballero Victor Hugo Paniagua. Este fue detenido 7 meses.
La orden se basó en las declaraciones de Gumercindo Aguilar, José Alberto Planás, Francisco José de Vargas y Walter Bower. Sin embargo, las investigaciones dirigidas por Bogarín nunca pudieron probar la responsabilidad de las citadas personas.
Según Aguilar, el crimen se planificó en Pedro Juan Caballero, en la casa de Nara donde él ofició de mozo. No se profundizaron las investigaciones para saber si el hecho ocurrió o no, y los denunciados quedaron desvinculados del proceso. Todo terminó en la nada. Los autores materiales fueron condenados, pero no los autores morales o intelectuales. Ni siquiera se pudo probar la responsabilidad de éstos últimos.
Una segunda parte de la investigación fiscal involucró de nuevo a Lino Oviedo, a través de llamadas telefónicas (ver cuadro de arriba). Según la acusación, Oviedo era el que dirigía la operación, a través del mayor Reinaldo Servín y Victor Galeano Perrone. A su vez, éstos servían de nexo con los que serían los autores materiales.
Finalmente, fueron condenados: Reinaldo Servín (25 años), Constantino Rodas (25 años) Luis Rojas (25 años) y Pablo Vera Esteche (20 años). El juez redujo la cantidad de años de condena a Vera Esteche por ser el autor confeso y por colaborar en la investigación. Rodas fungía de campana frente a la casa de Argaña. Rojas fue el primero que disparó a Argaña y Vera disparó a la camioneta de frente.
En diciembre del año pasado, la Corte confirmó un fallo del Tribunal de Apelación que declaró libre de culpa y pena a Oviedo, que estuvo prófugo desde 1999 hasta el 2004.
Galeano Perrone, tras estar 9 años prófugo (asilado en Uruguay), se presentó en setiembre del año pasado ante el juez Arnaldo Fleitas y obtuvo su libertad ambulatoria. De esta manera, no hubo pruebas para responsabilizar a los políticos del magnicidio.
LOS INVESTIGADORES
Marco Alcaraz y Gustavo Amarilla fueron los fiscales que apoyaron la investigación dirigida por el juez Jorge Bogarín en el caso del asesinato del vicepresidente de la República, Luis María Argaña.
Según el viejo sistema penal, el juez también investigaba. Aún así, en el caso que nos ocupa, Bogarín se apoyó en las pesquisas realizadas por los citados fiscales.
Sin embargo, la revancha no se hizo esperar, según Alcaraz. El gremio de fiscales denunció que el citado agente del Ministerio Público no ingresó en la terna para ser confirmado en el cargo por “la revancha oviedista”.
Alcaraz se postuló ante el Consejo de la Magistratura, presidido por el oviedista Gustavo Mussi, que según los gremialistas le pasó la factura a aquél.
Alcaraz intenta ahora continuar su carrera mediante un pedido de inamovilidad que presentó ante la Corte Suprema.