El Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) fue creado en el año, 2012 durante el gobierno del presidente Fernando Lugo para distribuir los recursos provenientes de la venta del excedente energético; quedaba claro entonces que, la mayor parte debía destinarse al Fondo para la Excelencia de la Educación.
Además de las críticas y objeciones al sistema de distribución, la realidad del país, lamentablemente echó por tierra las mejores expectativas. Debido a la falta de un adecuado control y a la transparencia perdimos tiempo y recursos. El resultado está a la vista: Miles de niños y niñas paraguayos siguen asistiendo a escuelas públicas precarias y aprenden a leer y a escribir a la sombra de un árbol.
Como reportaba Última Hora en un artículo sobre el tema, numerosas irregularidades fueron denunciadas en estos más de diez años; sin embargo, pocos casos tuvieron un proceso penal. La Contraloría denunció ante el Ministerio Público a 38 intendentes en 2023. Algunos casos que pueden considerarse emblemáticos.
El ex senador Rodolfo Friedmann fue imputado por administración en provecho propio, lavado de dinero y cohecho pasivo agravado (coima) siendo gobernador del Guairá. El ex gobernador de Presidente Hayes, Óscar Ñoño Núñez, fue condenado a 11 años de cárcel por un perjuicio económico superior a G. 42.500 millones (unos USD 5,7 millones) de la merienda escolar provenientes del Fonacide a la Gobernación chaqueña; Núñez es hermano del senador cartista Basilio Bachi Núñez y logró evitar el proceso por ocho años.
Asimismo, el ex diputado, Éver Noguera, está acusado por lavado de dinero y administración en provecho propio. La Fiscalía está investigando por su participación en carácter de cómplice en el caso del negociado de merienda escolar. La Contraloría también detectó irregularidades en la provisión del alimento escolar siendo Roberto González Vaesken, gobernador de Alto Paraná, y por otra parte, el ex intendente de Santa Elena, César Balbuena fue condenado en 2020 a cuatro años de prisión por el hecho punible de lesión de confianza y a Eladio Chaparro, ex tesorero de la Comuna, a tres años y seis meses, por desvío de fondos del Fonacide.
Con esos antecedentes, el actual Gobierno presentó el proyecto de creación del Fondo Nacional de Almuerzo Escolar (Fonae) para destinar el total de los ingresos de la compensación de energía de Itaipú a la alimentación escolar. Hambre cero, al final, solamente dejará fuera de la administración a Asunción, Central (única Gobernación de la oposición) y Presidente Hayes, los demás seguirán en manos de los intendentes.
Algunas de las voces críticas han señalado que se trata de un despropósito dejar sin financiación a las ciencias, limitando sus posibilidades, y plantean la pregunta: ¿Cómo piensa el Gobierno combatir el hambre sin ciencia y tecnología?
Se entiende que el programa de alimentación escolar es necesario, pero quizá el Gobierno pueda plantearse en algún momento políticas públicas que combatan más efectivamente la pobreza de las familias de los niños y niñas a quienes pretenden dedicar USD 250 millones anuales.
Niños y niñas que dan clases bajo los árboles, escuelas sin sanitarios, sin acceso al agua potable o energía eléctrica, sin bibliotecas ni laboratorios son inaceptables en un país que tiene recursos, pero sin embargo, no garantiza una gestión eficiente y transparente.
Debemos entender, por lo tanto, que el verdadero eje de esta compleja situación es la corrupción, es la corrupción pública que erosiona la confianza en quienes administran los recursos porque la ciudadanía observa a diario las maneras en que la corrupción mata y empobrece.
