Con música, banderas multicolor y carteles, los defensores del matrimonio entre personas del mismo sexo exigieron una resolución positiva, esto luego de que la Sala Constitucional anunciara que en los primeros días de agosto emitirá una resolución sobre la legalidad del matrimonio igualitario y las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo.
“Hoy nos reunimos y nos hacemos presentes para decirles a los magistrados que reconozcan los derechos de aquellas personas que por muchos años no han tenido nombre, no han sido visibilizadas, han muerto en el silencio y han perdido sus bienes”,afirmó a Efe el abogado especialista en derechos humanos, Geovanny Delgado.
Añadió que “creemos que es hora que nos den voz y nombre y nos dejen de ver como ciudadanos de segunda clase”.
La actividad es impulsada por el Frente Nacional de Matrimonio Igualitario y en ella participaron la población de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), así como sus familiares, amigos y activistas defensores de los derechos.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“Queremos llenar la corte con amor y dar ese mensaje a los magistrados, tenemos claro que ya están los argumentos y fundamentos de ley para que la Corte tome una decisión positiva, pero también tenemos claro que la decisión tiene que ver con la realidad humana de los ciudadanos”, destacó Delgado.
Desde hace años el Congreso de Costa Rica tiene en su poder iniciativas de ley para las uniones civiles entre personas del mismo sexo, pero su avance ha sido nulo ante la oposición de partidos conservadores y la resistencia de grupos religiosos.
Los grupos defensores de derechos humanos y organizaciones de la diversidad sexual, reactivaron aún más su lucha en enero pasado cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva favorable a la identidad de género y los derechos familiares de la población sexualmente diversa.
Esta opinión, emitida ante una consulta del Estado de Costa Rica, generó una gran polémica en el país, pues los grupos conservadores afirman que se trata de una injerencia de la Corte Interamericana en asuntos internos.
Mientras que la Procuraduría General de la República remitió en marzo pasado a la Sala Constitucional un criterio en el que afirma que ese mismo tribunal, en fallos anteriores, ha determinado que las opiniones de la Corte Interamericana son vinculantes.
