Es cierto que a algunos les parecen correctas, justas y acertadas esas campañas de mano dura, donde no hay derechos para personas que cometieron algún delito. Ante la inseguridad latente, la mirada, por lo tanto, se centra en el sistema de penas de castigo, pero ¿qué tan efectiva se vuelve la campaña represiva? Y ¿acaso este enfoque prohibicionista debe implementarse solo en algunos casos?
Conocimos hace poco la historia de Sonia Parini (41), quien ya hace cuatro años cumplió la totalidad de su pena por microtráfico, pero hasta ahora le cuesta encontrar un trabajo formal, pese a su instrucción en peluquería y manicura. Habla que a las personas con antecedentes no se les da oportunidad, pese a que ya no tienen deuda con la Justicia y ya se alejaron de esa vida.
Tiene que rebuscarse para “sobrevivir” y tratar de sacar adelante a su hijo pequeño y solventar a su mamá. ¿Se cumple entonces el fin de la pena de volver a la sociedad una vez que abandonan el reclusorio?
Lo que vemos es que no se cumple la ley y no se hacen programas para que se cumpla. Mucho se habla de que se busca reprimir delitos, y es justamente lo que la sociedad pide a gritos, pero la verdad es que en un caso se cumple y en otro no.
A un hombre de nacionalidad argentina lo enviaron a prisión por intentar hurtar carne de asado por valor de casi G. 100.000. Es decir, intentó robar, pero no lo hizo y la mano dura sí existió con él, a diferencia de otros casos en que roban no solo miles de guaraníes, sino millones.
Qué diferente es el trato de los que sí en flagrancia cometen hechos, como aquellos que contratan a través de colegas a sus hijos en el Congreso, sin que estos estén capacitados para ciertos cargos, y ganando sumas altas. Si hacemos una suma de todos esos casos, el monto sería abismal.
Está por ejemplo, el ex diputado Tomás Rivas, quien habría robado al Estado y al pueblo G. 121.208.000, haciéndoles cobrar a sus caseros en el Congreso sin trabajar allí. A él lo quisieron blanquear a través de un acuerdo que fue aceptado por un Tribunal.
¿Qué fue lo que indignó tanto en este caso? Que sus tres caseros sí fueron condenados. La diferencia, al parecer, es que él era un político de la élite y sí podía negociar su destino.
Y así podemos ir desglosando una larga lista de autoridades que tuvieron beneficios. Óscar Venancio Núñez, ex gobernador de Presidente Hayes, recién después de ocho largos años de dilatar su proceso, finalmente fue enviado a prisión por usar dinero público para pagar sus propias deudas y aumentarse su patrimonio. El perjuicio que dejó fue de G. 42.503.556.035, según el Tribunal de Sentencia.
También dos ex titulares del Ministerio de Agricultura (MAG) recién después de 10 años pisaron la cárcel por perjudicar millones de guaraníes al Estado, dinero que debía ser destinado a agricultores. Enzo Cardozo desvió G. 59.552 millones y Rody Godoy, un total de G. 8.447 millones.
Es muy triste ver que esa mano dura que profesan, que intentan hacernos creer, solo funciona para los comunes, pero no para los ladrones de guantes blancos.
Es que, al parecer, solo debemos reprimir ciertos delitos con más fuerza o a ciertas personas con pinta de delincuentes.
Vimos una penosa escena en el barrio Bañado Sur el viernes pasado, donde pidieron sus cédulas a dos hombres y por resistirse comenzaron una reprensión digna de un operativo.
Los linces que estaban haciendo el patrullaje aleatorio pidieron refuerzos y llegaron varios policías quienes hicieron uso de la fuerza para “detener” a los infractores.
Uno de ellos terminó con cinco puntos de corte en la cabeza, por ser golpeado con las cachiporras. Desde la Fiscalía, dijeron que no tenían antecedentes y ninguna orden de detención.
La mano dura que prometen dar es evidente que solo es para algunos.
