La Justicia mantiene sus históricas deudas. Mientras la sociedad vive en un ambiente de inseguridad por la violencia urbana y las cárceles siguen repletas de reclusos que ni siquiera tienen condenas, personas que delinquen, pero que gozan de los favores de los contactos políticos permanecen impunes, ya que para ellas no se aplica el rigor de la ley. Necesitamos una Justicia verdaderamente independiente y ecuánime. Es inaceptable que personas que roban champús o frutas puedan ir a la cárcel, mientras quedan libres las que roban el dinero público.
El juez que atendió la causa impuso una fianza de G. 300 millones y estableció las medidas, la comparecencia mensual ante el juzgado, la prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio. Junto a la ex funcionaria varias otras personas fueron imputadas. La funcionaria y su pareja devolvieron G. 600 millones en efectivo a las dos familias víctimas, pero deben devolver el total. Cada familia recibió G. 300 millones, no obstante, Anadelia todavía debe el dinero restante, G. 125 millones y hasta le dieron un plazo para ello. En nuestro país son frecuentes las noticias que refieren a robos, los denominados bagatelarios, que se cometen en comercios y supermercados y, por lo general, los autores son detenidos por la Policía Nacional y encuentran gran repercusión en los medios de comunicación. En estos casos, la reacción en las redes sociales no se hace esperar y se reclama que otras personas que causan un daño mayor sigan libres: “Robó comida, pero si robás a todo un pueblo tenés libertad ambulatoria”, es lo que se puede leer entre los comentarios.
En el archivo podemos encontrar el caso de una fiscala que imputó por supuesto hurto a una persona por haberse llevado dos champús y un desodorante de un local comercial y otro caso, el de un adolescente que había sido detenido luego de robar mandarinas y limones de la vivienda, en ese entonces, del senador Mario Abdo Benítez.
Estos hechos, los robos bagatelarios que sufren los comerciantes causan pérdidas mensuales, como señalan los comerciantes, son pequeños hurtos que al final suman, y por eso reclaman que los responsables no terminen en la cárcel a pesar de ser aprehendidos, debido a que lo robado es ínfimo.
Se debe, sin embargo, ser claros en este punto, no se puede sostener que la cárcel sea la solución, ya que la realidad nos revela una situación mucho más compleja, por un lado, las condiciones de necesidad de la gente y la falta de respuestas de parte del Estado y, por el otro, el sistema de Justicia. Un dato del año pasado refiere que el 63% de los presos en el sistema penitenciario no tienen condenas. Más de 11.000 reclusos viven en condiciones de hacinamiento en las cárceles cumpliendo prisión preventiva, de una población de 17.000, solamente 5.000 están cumpliendo sus penas.
Por otra parte, la sociedad percibe la existencia de una especie de garrote punitivo que solo se aplica a los más desfavorecidos, pero que nunca se aplica a quienes están investigados o imputados por presuntos hechos de corrupción pública. Se han casi normalizado los casos de políticos y funcionarios que obtienen impunidad mediante las chicanas jurídicas que benefician especialmente a quienes ostentan de contactos políticos. Anadelia Acosta Armoa estafó a dos familias humildes y con eso ganó el repudio ciudadano, pero con el pago de una fianza millonaria puede aguardar tranquila el juicio en su hogar y la contracara son aquellas personas que cometen los robos bagatelarios para quienes se suele pedir todo el peso de la ley.
Necesitamos una Justicia que ya no sea cómplice de la impunidad, que sea eficiente e independiente y no aquella como describía el obispo salvadoreño Arnulfo Romero: “La Justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos”.
