Las mujeres marcharon en la tarde-noche de este lunes por las calles del microcentro de Asunción —partiendo desde la Plaza Uruguaya, pasando luego por calle Palma, hasta la Plaza de la Democracia—, donde se llevaron adelantes números artísticos y se procedió a la lectura de un manifiesto.
La abogada Belén González expresó a Telefuturo que se congregan mujeres de todos los sectores para reclamar al Estado a que realmente escuche y que le dé importancia a sus voces y se cumplan los protocoles de la ley 5777/16, que garantiza la protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia.
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“Tenemos una ley, desde el 2016, que supuestamente nos protege del feminicidio y otras violencias, pero este año tuvimos más de 33 feminicidios y la mayor cantidad pudieron ser evitados. Las mujeres denunciaban, pero la Fiscalía y la Policía Nacional no nos protegen. No citan ni hacen cumplir las órdenes de alejamientos y las mujeres terminan muriendo”, remarcó.
Asimismo, sostuvo que ahora se tuvo un caso de violencia vicaria, en el que un hombre de Ciudad del Este terminó matando a sus hijas para infligirle dolor a la mujer. “La mujer había denunciado, denunciamos y no hay medidas que nos protejan“, lamentó.
También expuso que 53 adolescentes al día están pariendo en Paraguay, lo cual revela que está fallando la educación sexual.
“En Paraguay, no tenemos una educación integral de la sexualidad y dos niñas al día están pariendo por ser abusadas y el abuso se da en las familias y se puede evitar con educación”, remarcó.
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“La violencia estructural sigue siendo cada vez más visible y sentida en nuestras vidas. El acceso a salud, la educación, las tierras, el trabajo digno, los medicamentos y la atención médica no son garantizados por el Gobierno, que tiene la obligación y responsabilidad de velar por el bienestar de la población”, exponen.
Manifiesto del 25N
En el manifiesto, denunciaron un falso diálogo del Gobierno, mientras las mujeres se sienten desprotegidas, en peligro y siendo atacadas con violencia física y telemática.
También señalaron que la educación sexual integral sigue siendo tomada como un tabú, instalado por sectores antiderechos que utilizan la desinformación y noticias falsas, perpetuando un sistema en el que niñas, niños y adolescentes sufren abuso todos los días y sin acceder a información científica y veraz para defenderse.
“La violencia estructural sigue siendo cada vez más visible y sentida en nuestras vidas. El acceso a salud, educación, tierras, trabajo digno, medicamentos y atención médica no son garantizados por el gobierno, que tiene la obligación y responsabilidad de velar por el bienestar de la población”, remarcaron.
A su vez, expusieron su preocupación por la violencia contra las niñas, niños y adolescentes que no cesa, con cifras en aumento, mientras que el Ministerio de la Niñez “no hace nada”.
“En Paraguay, al año, 400 niñas de entre 10 y 14 años son obligadas a parir ¡Son niñas, no madres! Además, no existen políticas de protección destinadas a niñas y niños que cuidan de otros niños y niñas”, aseveraron.
También denunciaron el hacinamiento en buses del transporte público, que las expone al acoso, como también la falta de refugios y paradas iluminadas para la espera del servicio.
“Denunciamos la constante desaparición de niñas y adolescentes, mientras que el protocolo establecido por justicia nos obliga a esperar 48 horas para hacer una denuncia e iniciar la búsqueda formal. Esto pone en serio riesgo la vida de una hermana, una amiga, una hija, una compañera y una vecina”, reclamaron.
Asimismo, denunciaron que no se cumple con la ley 5.777 de protección integral a las mujeres y que, en vez de investigar, se le ofrece a la víctima una opción de no continuar con la denuncia y encajonar la causa.
“Denunciamos la violencia vicaria y el rol de la justicia que no actúa para proteger a las madres, hijas e hijos, dejando que el padre exponga la vida de las niñas y niños, instrumentalizándolos para vengarse de las mujeres que decidieron terminar vínculos con el progenitor. Tanto la policía como la fiscalía ejercen violencia institucional al revictimizar a las mujeres víctimas de violencia”, expresaron.
En cuanto a las personas con discapacidad, recalcaron que siguen sufriendo discriminación, sin acceso a lugares de denuncia, sin intérpretes de seña, totalmente vulnerables a sufrir violencias de manera impune. En los casos de mujeres lesbianas privadas de libertad, se les niega el derecho a las visitas conyugales.
Finalmente, expusieron que en el interior del país, las trabajadoras sexuales son obligadas a pagar coimas a la Policía Nacional para ejercer su trabajo, entre otras denuncias, como trabas para acceder a los beneficios el programa de adultos mayores a mujeres que han trabajado toda la vida en sus casas.
Desde enero a octubre se registran 30.898 denuncias de violencia familiar, 27 casos de feminicidio, 40 tentativa de feminicidio y tres víctimas de violencia vicaria, según la Fiscalía.
