El movimiento Participación Ciudadana, liderado por la senadora Esperanza Martínez, convoca a una marcha frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir que ya no existan “más sirvientes de narcos” en la Justicia, tras desatarse un escándalo con la filtración de los mensajes por WhatsApp del legislador extinto Eulalio Lalo Gomes, cuyo teléfono celular fue peritado tras su muerte.
Hasta la fecha, la Fiscalía no avanzó en el caso, tampoco se han realizado imputaciones, allanamientos o incautaciones, pese a las evidencias que revelan un esquema de corrupción pública que implica a políticos, jueces, fiscales y otras autoridades del Estado.
"¡Todos frente a la Fiscalía! ¡No más sirvientes de narcos en la Justicia! ¡Que se vayan todos! Llevemos banderas paraguayas, debemos unirnos contra la corrupción sin distinción de colores”, es el llamado que realiza la nucleación, prevista para este viernes, a las 18:30.
Esta semana, el Ministerio Público compartió “las acciones tomadas por la Fiscalía a partir de los datos del diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes”, las cuales incluyen las diligencias realizadas hasta ahora por el equipo fiscal que se aboca a la investigación, tras la denuncia del juez Osmar Legal.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEl pasado 3 de febrero, la Fiscalía inició la investigación, a raíz de la denuncia del magistrado contra el Crimen Organizado.
Los fiscales de la Unidad de Anticorrupción asignados fueron Francisco Cabrera, María Verónica Valdez y Luis Piñánez, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Soledad Machuca.
Esta denuncia menciona indicios de tráfico de influencias por parte de actores importantes de la Justicia, como el ahora ex diputado Orlando Arévalo, las fiscalas Katia Uemura y Stella Mary Cano, y la hoy ex jueza Sadi López.
Estos mantenían conversaciones constantes con el fallecido diputado Lalo Gomes, y éste intermediaba para salvar a las magistradas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cuando Arévalo era titular de ese órgano.
Incluso, se deja entrever, un supuesto pago para que una de las fiscalas sea salvada de la causa iniciada en su contra.
Luego de abrir esta causa en Fiscalía, el pasado 4 de febrero, el fiscal general Emiliano Rolón remitió un informe al Jurado con el objetivo de facilitar la evaluación y, de ser necesario, la suspensión de oficio de jueces y fiscales implicados.
El 5 de febrero, se ordenó un sumario administrativo a las fiscalas denunciadas, Stella Mary Cano y Katia Uemura, basado en el informe del juez Osmar Legal, a fin de investigar posibles irregularidades en las causas que ambas llevaban.
La semana pasada, el equipo de investigación retiró del Juzgado la copia espejo del teléfono de Eulalio Gomes, donde se habría evidenciado el tráfico de influencias denunciado.
Lo último, y la gota que colmó el vaso, fue que esta mañana, la Fiscalía General abrió una causa penal y designó a un equipo de fiscales para investigar al juez Osmar Legal, tras la denuncia que presentó el ex diputado Orlando Arévalo por presunto prevaricato.
