El domingo, el discreto y reservado fiscal Antidrogas Deny Yoon Pak, acusó y pidió juicio oral para Insfrán, considerado el líder de una mega organización criminal dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero. En una voluminosa documentación de 712 páginas, Pak describe la red en la que está también involucrado el uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la justicia.
El viernes cerró la semana con la acusación de los fiscales Silvio Corbeta y Pak contra el senador Galeano, “por asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico”. Para el Ministerio Público no hay dudas de la participación del político colorado en el lavado de activos y en la prestación de servicios a favor de la estructura criminal.
A Ultranza fue el mayor operativo contra el crimen organizado en Paraguay (empezó en 2019 y se concretó en 2022) porque desmanteló una mega organización de tráfico internacional de drogas y lavado de activos, fruto de un trabajo coordinado entre la DEA, Europol, Antidrogas de Uruguay, la Senad y el Ministerio Público de Paraguay. Es una radiografía de los tentáculos del crimen organizado con diversos actores de la sociedad: Políticos, altos funcionarios del Estado, iglesias evangélicas, etc.
EL FACTOR ERICO. El operativo causó conmoción desde el principio, especialmente por sus protagonistas. Sin duda, la implicación de Galeano mostró la envergadura de la organización. Si bien es cierto que el narcotráfico ha permeado las instituciones y que su éxito se debe a la protección de un Estado capturado por la narcopolítica, ningún otro operativo desnudó de forma tan precisa la participación de autoridades en el crimen organizado como A Ultranza.
Desde que apareció su nombre, Erico puso en aprietos al nuevo Gobierno, del que es protagonista clave. El presidente Santiago Peña, incluso antes de asumir el cargo, se vio obligado a pedirle que se presente ante la Justicia, a pesar de su resistencia. El movimiento oficialista Honor Colorado siempre le dio a protección, al punto de cometer una atrocidad constitucional con el escandaloso “des-desafuero” el pasado 4 de abril, cuando en un atropello legal inédito, el Senado derogó su decisión de desaforar a Galeano y otros. Una decisión que provocó una crisis institucional y que fue saldada cuando el Ministerio Público y los jueces del caso rechazaron la resolución. Ya entonces se advirtió que el nuevo blindaje se realizaba para evitar la acusación contra el ex socio comercial de Horacio Cartes. Tenían razón en su temor. La Fiscalía le puso el cascabel al gato.
Pero Peña, llamativamente, ahora ejerce de abogado defensor del acusado senador. Cuando se dio el escandaloso desdesafuero, desmeritó la investigación fiscal señalando que las evidencias no demuestran ninguna vinculación con las acusaciones y que estaban tardando demás generando incertidumbre política.
El viernes, repitió el desacierto tras la acusación fiscal y volvió a desacreditar las evidencias. Peña sigue jugándose de manera llamativa. ¿Acaso busca influir en los jueces ya que no lo lograron con los fiscales?
La bancada cartista del Senado está desorientada. Mientras Silvio Ovelar señala que deben adoptar una posición política, el convertido neo cartista Nicolás Chase señala que no, mientras Bachi Núñez se muestra más prudente y anuncia una reunión de bancada. Estas pequeñas disidencias revelan que Erico ya genera incomodidad porque es un caso más de corrupción, sino de vínculos con el crimen organizado, en un caso emblemático que tiene ingredientes densos que incluyen asesinatos. Inclusive se menciona como una pista cierta para dilucidar el crimen del fiscal Marcelo Pecci.
DESCONFIANZA. Si bien los fiscales del caso A Ultranza están devolviendo la confianza hacia el Ministerio Público, no puede decirse lo mismo de los que investigan el asesinato de Pecci. El lunes el fiscal general, Emiliano Rolón, y todos los fiscales asignados para esclarecer el magnicidio dieron una larga conferencia prensa llena de datismo y cronología de los actos burocráticos que llevaron adelante para concluir que la investigación no está avanzando porque Colombia no colabora. “Hoy estamos en la nebulosa”, fue explícito Rolón.
El asunto se volvió más intenso el miércoles cuando fueron al Senado a dar explicaciones. El fiscal general salió de la reunión con pocas pulgas, admitió que no están “ni cerca ni lejos” de la autoría intelectual y mostró su hastío con los periodistas.
En medio de fuertes cuestionamientos, Rolón puede permanecer tranquilo en su sillón. El cartismo decidió auparlo y para demostrarlo puso a su ejército político y a toda su batería mediática para defenderlo ante los cuestionamientos de la oposición y de la prensa.
Mientras el Ministerio Público cae en la desconfianza por el caso Pecci, hay que destacar la valentía y el trabajo de orfebrería de los fiscales del caso A Ultranza para construir las evidencias y cimentar su acusación.
Este país sumido en la corrupción y la impunidad, cooptado por las mafias, necesita un pack, un paquete de fiscales y jueces que, a pesar de las presiones políticas, amenazas de destitución e incluso poniendo bajo riesgo sus vidas, se animan a cumplir su peligrosa misión.
TEXTUAL
“Quiero oficializar lo conversado con el presidente de la República (Santiago Peña). Antes de su viaje (a EEUU) le expuse razones familiares, personales, que hacen a mi renuncia indeclinable al cargo de ministro. Uno en la vida marca etapas; hemos marcado un rumbo ordenado por el señor presidente. El doctor Rodrigo Nicora fue mi compañero de lucha, enfrentamos varias batallas muy complicadas, hemos marcado un rumbo dentro de la administración de Justicia”. Ángel Barchini, ex ministro de Justicia.
NO SE JUGÓ. La Corte Suprema no quiso inquietar al poder y eligió como defensor Público al juez Javier Esquivel. Lorena Segovia obtuvo 2 votos. Nancy Amarilla, hermana de Dionisio, 0.
DÓNDE ESTÁ LA PLATA. El intendente de Asunción tiene plazo de la Contraloría para contar en qué gastó la friolera G. 500.000 millones. Rodríguez retacea los datos a la Junta Municipal.
CORRUPTOS PATRIOTAS. Cartistas y aliados frenaron el proyecto que pretendía que la corrupción sea imprescriptible, pero aprobaron la obligatoriedad de cantar el himno nacional.
OEA. La destituida senadora Kattya González denunció ante el organismo internacional el deterioro de la democracia en el Paraguay y el copamiento institucional del oficialismo.
