Por Rodrigo Houdin - @rodrigohoudin
Producción audiovisual: Magdalena Britos
Edición: Fabián Fleitas
El recuerdo de los 17 caídos sigue presente. El dolor y la desesperanza no debilitaron las fuerzas de quienes reconstruyen sus vidas en honor a sus mártires. “Marina Cué es del pueblo”, repiten sus ocupantes.
Pasaron 1.825 días de aquel fatídico 15 de junio de 2012, cuando paraguayos se enfrentaron entre sí. Un cuestionado desalojo derivó en la muerte de seis policías y once campesinos. Para la Justicia ordinaria el caso fue resuelto con la condena a los labriegos. El fallecimiento de los ocupantes nunca fue investigado. Tanto las familias de policías como de los campesinos sufren el recuerdo de aquel día.
A unos 100 metros del sitio exacto donde ocurrió la masacre se encuentran las primeras viviendas de campesinos, en su mayoría familiares de los caídos. La subsistencia a base de cultivos en las fértiles tierras de Curuguaty forma parte del día a día de las personas que permanecen en el lugar.
En los espacios donde existen descampados, las familias cultivan mandioca, maíz, poroto, mamón, entre otros. El agua la obtienen de pozos artesianos y viven sin electricidad. La escuela “Mártires de Marina Cué”, construida por los ocupantes, alberga decenas de niños deseosos de estudiar.
La población que habita Marina Cué está integrada en su mayoría por familiares de los caídos durante la matanza. Los principales líderes de la zona, Darío Acosta y Martina Paredes, tienen una medida cautelar que les prohíbe ingresar a las tierras.
Darío Acosta, comenta que son unas 120 las familias que ocupan las tierras que están detrás del sitio donde ocurrió la masacre. El dirigente señala que están trabajando para presentar una acción de inconstitucionalidad de la declaración de reserva a Marina Cué, ya que al ser área protegida no podrá ser objeto de la Reforma Agraria.
Los ocupantes se ubican en un margen fuera de la zona boscosa de la propiedad declarada por el Gobierno como la Reserva Natural Yvera. Marina Cué. Está prácticamente rodeada por cultivos de soja.
Un pedazo de tierra para sus hijos
Blanca Vera, viuda de Fermín Paredes, no estuvo presente en Marina Cué el día en la matanza, pero afirma que quedó traumada por lo que esta tragedia significó en su vida. Tras la muerte de su marido en la masacre, le toca seguir su vida criando a sus hijos.
“Tengo dos niños huérfanos. Vine aquí porque quiero un lote para mis hijos. No es linda nuestra situación ya que a mis hermanos le echaron encima la causa y están presos. Lo que quiero es que este sea un asentamiento modelo. Como madre yo peleo por mis hijos. Siento mucho lo que pasó. Mis padres me ayudan. Nosotros queremos conquistar estas tierras. Mis hijos preguntan por su papá, pero tenemos que saber que él ya no volverá. Plantamos, poroto, maíz, pero no tocamos por el campo, ya que queremos estas tierras”, comentó.
Tras salir libre regresó a Marina Cué
Adalberto Castro Benítez es uno de los cuatro condenados a 4 años de prisión por el caso, que ya recuperó su libertad. Afirma que la masacre no solo dejó huellas en su vida, sino también marcó la de toda su familia. Uno de sus hermanos figura en la lista de fallecidos.
“En los cuatro años que estaba en la cárcel, pasé muchas cosas malas y mi familia detrás de nosotros. Lo triste es que el Gobierno no nos hace caso. Perdí a un hermano. Que se haya hecho esto contra los que buscamos un pedazo de tierra... Yo creo que esto fue preparado para derrocar a un gobierno”, sostiene.
Para el campesino, muchas cosas cambiaron tras la masacre. “Fuimos perjudicados, pero no nos debilita, la lucha empieza recién. Lo primero que hice al salir libre es venir a Marina Cué y seguir mi lucha por conquistar. A los pobres nos ofrecen cárcel y muerte nomás luego”, lamentó.
La matanza en Curuguaty
En la mañana del 15 de junio de 2012 se produjo uno de los hechos más sangrientos de la historia del Paraguay desde el inicio de la democracia.
Un desalojo irregular en tierras conocidas como Marina Cué, ocupadas por unos 70 labriegos, en el departamento de Canindeyú, culminó en un enfrentamiento armado entre policías y campesinos.
Diecisiete paraguayos murieron: 11 campesinos y 6 policías. El hecho se conoce como la “Masacre de Curuguaty”.
Tras este suceso se produjo un fugaz juicio político que acabó con la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo.
El Ministerio Público acusó a 11 campesinos por la muerte de policías, alegando que se produjo una emboscada. Uno de los principales cuestionamientos hacia la causa es que no se investigó la muerte de los 11 ocupantes.
Un Tribunal estableció condenas entre 18 y 30 años a cuatro labriegos. Tres mujeres cumplen su quinto año de prisión domiciliaria (condena de 6 años) y cuatro hombres salieron libres tras cumplir su condena de 4 años.
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La defensa de los condenados por la masacre de Curuguaty recurrirá a los tribunales internacionales de agotarse las instancias judiciales en Paraguay para la anulación del proceso
Las tierras en disputa
Marina Cué es una propiedad de 1.748 hectáreas, ubicada en Curuguaty. Estas tierras fueron entregadas al Estado en 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya SA (Lipsa) para ser usadas por la Armada Nacional. La trasferencia nunca se realizó.
En el 2004, el Poder Ejecutivo decretó que sean transferidas al Indert y destinadas a la reforma agraria. Pero poco después la firma Campos Morombí planteó una demanda de usucapión, alegando que ocupaba el terreno desde 1970 y consiguió una sentencia a su favor, en el 2005.
A partir de ahí, la Procuraduría General de la República y el Indert plantearon acciones autónomas de nulidad, alegando que el Estado no fue partícipe del proceso por la usucapión. La acción de la Procuraduría es estudiada por la Corte Suprema de Justicia desde hace varios años.
Tanto el Gobierno como el Grupo Riquelme pretenden seguir adelante con una polémica donación para convertir el terreno en una reserva forestal a cargo del Estado.
En el 2015, el Congreso aprobó una ley por la cual se acepta la donación de la propiedad por parte de la familia Riquelme, para que sea convertida en una reserva ecológica a cargo de la Secretaría del Ambiente (Seam).
El último registro que hay en la Dirección General de Registros Públicos es la inscripción de la sentencia de usucapión a favor de Campos Morombí.
Los ocupantes junto con el Comité de Iglesias preparan un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración de Reserva Natural a Marina Cué.
