Fernando Boccia
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El problema que originó una ocupación campesina, un operativo policial de desalojo, una masacre y hasta un juicio político, aún no tiene una solución definitiva: ¿A quién pertenecen las 1.748 hectáreas conocidas como Marina Cué?
Hasta ahora el debate continúa en estrados judiciales, en procesos que se iniciaron hace más de una década. Paralelamente, el Gobierno y el Grupo Riquelme pretenden seguir adelante con una polémica donación para convertir el terreno en una reserva forestal a cargo del Estado.
Mientras tanto, varias familias volvieron a ocupar la propiedad ubicada en el distrito de Curuguaty, Canindeyú. A metros del lugar donde 11 labriegos y 6 policías murieron el 15 de junio de 2012, ahora se extienden sus cosechas, sus casas de madera, una capilla y hasta una escuelita.
Los campesinos y numerosas organizaciones sociales sostienen que la propiedad es del Estado y fue usucapida ilegalmente por la empresa Campos Morombí, del fallecido político colorado Blas N. Riquelme, con complicidad judicial. En contrapartida, el Grupo Riquelme asegura que las tierras no son aptas para un asentamiento por sus áreas boscosas y deben ser convertidas en una reserva natural.
HISTORIA. Estas tierras fueron entregadas al Estado en 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya SA (Lipsa) para que sean usadas por la Armada Nacional. Si bien fueron donadas, ningún gobierno hizo la transferencia del título de propiedad, que siguió a nombre de Lipsa.
En el 2004, el Poder Ejecutivo decretó que sean transferidas al Indert y destinadas a la reforma agraria. Sin embargo, esto no se llegó a concretar debido a que poco después de aquel decreto la firma Campos Morombí planteó una demanda de usucapión, alegando que ocupaba el terreno desde 1970 y en unos meses consiguió una sentencia a su favor, en el 2005.
Para la historiadora Margarita Durán Estragó, la empresa ganó la usucapión con argumentos falsos. “Según el cuaderno de novedades de la Armada, recién en el 2004 se retiró la Marina de esas tierras. Eso lo atestiguó el jefe de Gabinete de Federico Franco, Martín Burt”, recordó.
A partir de ahí, la Procuraduría General de la República y el Indert plantearon acciones autónomas de nulidad, alegando que el Estado no fue partícipe del proceso por la usucapión. La acción de la Procuraduría es estudiada por la Corte Suprema de Justicia desde hace varios años.
Son tres los procesos iniciados por el Estado en busca de la titularidad de las tierras y en ningún caso la Justicia se expidió en forma definitiva sobre la titularidad del inmueble o la validez de la usucapión, cuya sentencia está firme.
DONACIÓN. Para el abogado de los Riquelme, Víctor Peña Gamba, los distintos procesos judiciales no tienen más razón de ser si la misma firma Campos Morombí decidió donar al Estado la propiedad.
“Nuestra intención siempre fue entregar el inmueble como reserva. Es un bosque y la ley dice que no puede darse para la reforma agraria (...). Absurdo es que el Estado pida la nulidad por una propiedad que en este momento ya es prácticamente del Estado”, señaló.
En el 2015, el Congreso aprobó una ley por la cual se acepta la donación de la propiedad, por parte de la familia Riquelme, para que sea convertida en una reserva ecológica a cargo de la Secretaría del Ambiente (Seam).
El último registro que hay en la Dirección General de Registros Públicos es la inscripción de la sentencia de usucapión a favor de Campos Morombí, según confirmaron desde la institución.
Peña Gamba sostuvo que este es el paso previo a la transferencia del inmueble a la Seam, cumpliendo con la ley de donación. Afirmó que la transferencia está en proceso y el trámite será finiquitado en poco tiempo. También desmintió que la ley sancionada haya incluido la propiedad errónea, como afirmaron sectores políticos y sociales.
Por su parte, Durán Estragó manifestó que es inaudito que Campos Morombí haya donado al Estado un bien que es fiscal y que dos presidentes (Duarte Frutos y Federico Franco) destinaron a la reforma agraria. También señaló que el presidente Cartes ordenó que se inscriba ya el inmueble, pero solamente se pudo inscribir la sentencia de usucapión. “Campos Morombí no tiene el título. El Poder Judicial tendrá la última palabra”, enfatizó.
“El artículo 11 de la ley de donación es terrible y pone un cuchillo sobre la cabeza a la gente de Marina Cué, porque dice que las Fuerzas Armadas se ocuparán del resguardo y custodia de la reserva y no permitirá el ingreso de ocupantes”, advirtió la historiadora. Remarcó que los bienes del Estado no están sujetos a la usucapión, una figura destinada a ayudar a los sectores sociales más vulnerables, no a latifundios.
