Durante la conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, en el marco de toda la polémica generada por la firma del acuerdo secreto sobre Itaipú, el presidente Mario Abdo Benítez reiteró que la renegociación del Anexo C del Tratado será una causa nacional.
Tras salvarse de un juicio político y revertir oficialmente el acta bilateral por la cual Paraguay renunciaba a utilizar parte de los excedentes de energía de la hidroeléctrica a un precio muy ventajoso, el mandatario anunció que la renegociación del tratado prevista para el 2023 involucrará a todos los sectores del país.
“Va ser un debate con participativo de todos los que quieran aportar su contribución del éxito en el proceso histórico que me toca vivir”, expresó el jefe de Estado.
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Con un semblante serio, el mandatario dijo estar consciente de la frustración por parte de la ciudadanía y de la existencia de un prejuicio hacia la clase política, que incluso tuvo “sus méritos” para ganarlos.
En ese sentido acentuó que, en medio de esta crisis, tiene una visión optimista de que esto “pueda convertirse en una oportunidad para reconstruir el gran diálogo nacional en los temas que deben unir a los paraguayos”, haciendo así alusión a la renegociación del Anexo C.
“Que cada Partido Político, gremio, academia pueda ser parte de este gran debate nacional para que sea transparente y así todos contribuyamos en la mejor estrategia para defender los intereses de nuestro país. Así lo vamos a hacer”, esbozó Abdo Benítez minutos después de confirmarse que Honor Colorado retiraba su apoyo a un juicio político tras la anulación del acta bilateral con el Brasil.
Sobre el Anexo C
El Gobierno había anunciado que la renegociación del Tratado de Itaipú no será solo una revisión del Anexo C, sino se centrará en disponer de toda la energía paraguaya para poder comercializarla a otros mercados.
Según lo que había explicado en su momento el ex canciller Luis Castiglioni, por derecho a Paraguay le corresponde la mitad de toda la energía producida. Aunque nuestro país no puede consumir el 100% de la electricidad puesto que la demanda local todavía es baja y tampoco se cuenta con toda la infraestructura necesaria para el efecto.
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El Acta de Foz de Iguazú, de 1966 (acuerdo previo al Tratado de Itaipú), estipulaba solo el “derecho de preferencia” para el país socio, si es que la otra parte no consumía toda su energía.
En otras palabras, Paraguay podía elegir vender su electricidad a otro interesado si este ofrecía una mejor propuesta. Sin embargo, esa preferencia fue cambiada a “derecho de adquisición” en el Tratado final, lo que hizo que el Estado paraguayo se vea obligado a cederle al Brasil la energía que no utiliza.
