Estos recién fueron notificados de la resolución del 6 de diciembre pasado por lo que ahora presentaron el recurso de apelación general, contra la resolución del juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
En su recurso, solicitan la nulidad de la resolución del magistrado en el caso de la denuncia por supuesto prevaricato y persecución de inocentes tras la imputación que presentaron en el caso filtraciones de Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad).
Estos señalaron que el 13 de marzo del año pasado, denunciaron a los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, por los citados delitos ante el Ministerio Público, por lo que fue designado el fiscal Néstor Coronel.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppSobre Cantero, apuntan que el mismo recibió y ejecutó instrucciones precisas del abogado Pedro Ovelar, representante del ex presidente Horacio Cartes, respecto al curso de la investigación fiscal.
Además, añaden que anticipó la realización de diligencias de Ovelar, para obtener una especie de aprobación, a más de reportar el cumplimiento de las acciones solicitadas por el mismo.
SUPERIOR. Afirman que Cantero orientó su investigación exclusivamente en función de los mandatos de Ovelar, adulteró actuaciones de la pesquisa para generar contenidos a pedido de Ovelar, incluso, otorgó al abogado un tratamiento propio de un superior jerárquico y produjo información con el único propósito de justificar la imputación.
Respecto a Grisetti, alegan que justificó todas las irregularidades en la investigación realizada por su colega Aldo Cantero.
Los apelantes apuntan que el fiscal Néstor Coronel no realizó las diligencias pertinentes y útiles para esclarecer los hechos, no justificó la negativa ante la reiteración de la necesidad y urgencia de ciertas diligencias e ignoró cualquier actuación investigativa relacionada con los teléfonos celulares de Aldo Cantero y Pedro Ovelar.
Coronel solicitó desestimar la denuncia el 16 de abril del 2024, pero el juez le dio el trámite de oposición. El fiscal se ratificó el 9 de octubre y la fiscala Adjunta María Soledad Machuca, hizo lo propio el 25 de octubre de ese año.
Finalmente, el juez desestimó la denuncia el 6 de diciembre pasado.
Según dicen los apelantes, la decisión del juez carece de fundamentación.
Citan fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la forma en que se deben argumentar los fallos, y la falta de acceso a la Justicia por parte de los denunciantes.
Remarca que los actos que vulneran garantías previstas en la Constitución y en el Código Procesal Penal constituían nulidades absolutas, por lo que solicitan la nulidad de la resolución judicial.
Ahora, el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, deberá dar trámite al recurso, correr traslado a la fiscalía, para luego elevar el caso al Tribunal de Apelación Penal, de modo a que estudie el recurso planteado por los denunciantes.
