El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, mediante el Decreto 159/18 determinó el aumento del impuesto al tabaco al 18%.
Hasta antes de esta normativa, los productos elaborados a partir del tabaco tributaban sobre una tasa del 16% en concepto de impuesto selectivo al consumo (ISC). La Ley 6907, promulgada en junio de este año, ya fijó aranceles mínimos del 18% y máximos del 22% para seis categorías, pero estaba pendiente la reglamentación para su aplicación (ver la infografía).
En el citado decreto, el Poder Ejecutivo aclara que esta tasa del 18% regirá solamente hasta el 31 de diciembre de este 2018, por lo que desde el próximo ejercicio fiscal podría incrementarse, teniendo en cuenta, principalmente, la necesidad del Fisco de recaudar más para cubrir el déficit presupuestario.
Consultado al respecto, el titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Fabián Domínguez, señaló que se decidió establecer la tasa mínima ya que la idea es ir avanzando gradualmente hasta la carga máxima, aunque aseguró que la decisión de eventuales incrementos es potestad del presidente Abdo Benítez.
No quiso estimar un monto de crecimiento en la recaudación por el aumento de este impuesto, ya que el sector tabacalero también se puede ver afectado por la devaluación de la moneda en los países vecinos y la caída del régimen del turismo.
En medio de fuertes enfrentamientos, el Congreso sancionó en mayo pasado la ley que incrementó las tasas del impuesto al tabaco, dejando el arancel mínimo en 18% y el máximo en 22%.
Para esta sanción fue clave la mayoría cartista y llanista en la Cámara Baja, ya que la propuesta aprobada por el Senado planteaba un aumento de la tasa mínima al 30% y la máxima al 40%. Esto no fue del agrado del ex presidente Horacio Cartes, ya que una de sus empresas más conocidas es Tabacalera del Este SA (Tabesa).
El plan rechazado además establecía la creación de un arancel específico complementario a la comercialización de cigarrillos, que se destinaría al fortalecimiento de programas orientados a salud, educación y a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni).
