El presidente Mario Abdo Benítez cumple a rajatablas la coloradización de la función pública y el Ministerio de Justicia se convirtió en un botín del oficialismo. Para potenciar el proyecto, aparecen nombramientos vía decreto de dirigentes colorados en este último tramo de la campaña electoral por las internas del 18 de diciembre.
El Poder Ejecutivo firmó los decretos de nombramientos de nuevos directores que responden directamente al candidato a diputado en función de ministro de Justicia.
Los últimos nombramientos corresponden a dirigentes de Caaguazú. No tienen aún un destino, pero sí tendrán cargo de director.
El Decreto Nº 8023 nombró a Gustavo Ramón Ferriol Rojas con el cargo de director en Justicia, con la categoría B21. Llegó a ser candidato a intendente en Caaguazú.
En las redes sociales se puede observar que Ferriol Rojas agradeció al ministro Olmedo por la capacidad para reivindicar a la dirigencia, en este caso que responde al oficialismo. “Al Ministro de Justicia, Abogado Édgar Gustavo Olmedo Silva, por la confianza y por reivindicar a la dirigencia del distrito de Caaguazú que por tanto tiempo fue postergada”, posteó Ferriol, tras la confirmación del decreto presidencial y la asunción del cargo en el Ministerio. Mantuvo una reunión con el ministro de Justicia acompañado de una delegación.
Otro nombramiento político se concretó mediante el Decreto Nº 8022 que corresponde a Luis María Paredes Maidana. También con el cargo de director en el Ministerio de Justicia. Llegó a ser candidato a concejal suplente por el movimiento de Unidad Colorada en Caaguazú y ahora activa en el sector del oficialismo dentro de las internas coloradas. El tercer decreto es el Nº 8021, que nombra a Roberto Estigarribia Cristaldo como funcionario del Ministerio. También es de Coronel Oviedo.
Feudo oficialista. Édgar Olmedo está activando en su campaña para ser diputado por Caaguazú y debe presentar su renuncia en pocos meses si pasa las internas. Trabaja con el precandidato a gobernador por Fuerza Republicana, Marcelo Soto Pavón, quien al mismo tiempo figura en la planilla de funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá con un salario de G. 30 millones.
Todos los nombramientos que se vienen realizando en el Ministerio de Justicia responden a un plan para potenciar los proyectos electorales de estos dos candidatos que operan en el oficialismo.
Sin tener en cuenta ningún criterio técnico, las penitenciarías fueron copadas por dirigentes que responden directamente a su sector interno dentro de la ANR.
En Misiones se había producido una fuga en agosto pasado. Luego de que se calmaron las aguas, nuevamente se vuelve a nombrar con criterio político.
La misma situación se vive en las penitenciarías de Tacumbú, Ciudad del Este (Alto Paraná) y Villarrica (Guairá).
Olmedo asumió en el cargo en medio de la campaña electoral para el Congreso. Ninguno de los ministros de Marito que están activando en la campaña para el Congreso llegó a presentar su renuncia.
Se aferran hasta el último día que se establece para presentar su dimisión. Es decir, que lo harán recién en enero, considerando los tres meses antes de las elecciones generales de abril.
