El hombre, que fuera presidente del Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal (PLRA), tenía orden de prisión ante la sospecha de haber solicitado la duplicación de chips de teléfonos celulares de dos comunicadores y un diputado.
Martí, que se abstuvo de declarar ante las fiscalas Irma Llano y Silvana Otazú, negó su vínculo con el caso. “No conozco el modus operandi, no estoy involucrado con esta gente de clonación de celulares; tampoco accedí a ningún dato de periodistas ni de diputado”, expresó Martí a los medios antes de ser subido a una patrullera que lo llevaría a su lugar de reclusión.
Como la Fiscalía pidió su prisión, el hombre fue hasta la sede de Delitos Económicos de la Policía, mientras el Juzgado de San Lorenzo resuelve si guardará prisión preventiva o domiciliaria, mientras dure el proceso.
El abogado no quiso entrar en detalles sobre el motivo por el que su nombre saltó en la investigación, pero habló de un trasfondo económico, empresarial. “El caso que hay que ver es de dónde viene, dentro de la investigación van a saltar cosas. El trasfondo es demasiado grande, tiene una historia que yo me voy a reservar, con el tiempo seguramente voy a hablar”, agregó.
El hombre también quiso quitar del escenario al PLRA y a políticos que representan a este partido. “El partido (Liberal) no tiene nada que ver. La verdad que detrás de esto no está nadie. Como asesor, seguramente, en algún momento, indagué cosas para tener información para ofrecer una consultaría, pero tengo cómo comprobar que no hice espionaje”, recalcó.
ESPIONAJE. Fabián Martí fue imputado por acceso indebido a datos, acceso indebido a sistemas informáticos y asociación criminal.
Las investigadoras sostienen que el detenido mantuvo comunicaciones con Aristóbulo Luis Bordón, que también ya fue detenido.
El hombre, presuntamente lideraba una suerte de agencia dedicada al espionaje. “Estas personas trabajan para el mejor postor. Hacían espionaje al margen de la ley para personas que solicitaban sus servicios.”, expresó la fiscala Llano.
La investigación comenzó tras la denuncia por el hackeo de teléfonos celulares del ex diputado Óscar Tuma, del parlamentario Carlitos Rejala y de los periodistas Clari Arias y Jorge Torres Romero.
