Solamente en la Facultad de Medicina el fiscal José Dos Santos ya posee una lista de más de 170 médicos y funcionarios que fueron denunciados a través de publicaciones periodísticas, estudiantes y ciudadanos preocupados, por supuestamente cobrar ilícitamente salarios sin prestar realmente servicios a la Facultad o bien sin tener el perfil requerido para el cargo.
De igual manera, en la Facultad de Veterinaria la fiscala Nadine Portillo tiene una lista de más de 50 funcionarios y docentes que presuntamente no reúnen los requisitos para acceder a sus cargos.
En la Facultad de Ingeniería, el fiscal Luis Piñánez investiga a aproximadamente 30 funcionarios, además de presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos entre la institución y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
A todo esto se suman las decenas de personas que están siendo investigadas en las otras facultades. En la mayoría de las causas, los fiscales investigan cobro indebido por parte de funcionarios y lesión de confianza por parte de las autoridades.
Tras una reunión con todos los fiscales anticorrupción, el fiscal general Javier Díaz Verón explicó el pasado viernes que a partir de ahora empieza un trabajo de análisis, en el que se realizarán peritajes técnicos y se cruzarán datos de las denuncias con las informaciones que se constan en los documentos incautados en los diversos allanamientos realizados.
Estas doce pesquisas se tramitan de forma paralela al caso en el que el exrector Froilán Peralta está procesado junto al exdecano de Veterinaria Juan Gualberto Caballero y otros 41 funcionarios de Veterinaria y del Rectorado.
Además, la exjefa de Recursos Humanos del Rectorado, María del Carmen Martínez, está imputada y presa junto a las funcionarias Leticia Isabel Deggeller y Luz Aquino, por supuestamente tratar de destruir evidencias.
MODALIDADES. La modalidad más utilizada en los presuntos casos de cobro indebido es la asignación de rubros técnicos y docentes que requieren cierto perfil a personas no calificadas. La hipótesis de la Fiscalía es que los funcionarios que accedieron a estos rubros sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Educación Superior incurrieron en el delito.
Además, el Ministerio Público constató casos de funcionarios que cobraron sus haberes sin nunca haber ido a sus lugares de trabajo y sin prestar servicio alguno a la universidad.
Otra modalidad es la de los comisionados fantasmas: funcionarios de la universidad que figuran como comisionados en otras instituciones, como la Cámara de Diputados y la Municipalidad de Lambaré, sin que se hayan completado los procedimientos administrativos para los comisionamientos. De esta forma, para la Fiscalía, no trabajaban ni para la entidad a la que supuestamente fueron comisionados ni para la universidad.
En varias de las facultades los fiscales constataron evidentes casos de nepotismo. Sin embargo, esto no constituye delito. La ley antinepotismo establece como sanción administrativa la inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos y la devolución del dinero cobrado.
