Los afectados aclaran que la normativa no solo apunta a las organizaciones no gubernamentales (ONG), sino a cualquier tipo, como comisiones barriales, religiosas, de salud, educación e incluso, las que trabajan con datos de grupos vulnerables, como niños, personas con VIH, entre otros.
Se trata del proyecto “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. Más de 80 entidades firmaron un comunicado en el que exponen su preocupación con respecto a la ley y que los proyectistas hayan “tergiversado hechos y expuesto de manera injusta a personas y organizaciones que operan legalmente y con integridad”.
Lo más llamativo del proyecto, y que es resaltado en el comunicado, es que la legislación actual ya establece controles y rendiciones de cuentas, y que esta normativa más bien contiene restricciones que atentan contra el derecho a la organización.
“Esta ley, que debería promover la transparencia y la rendición de cuentas, parece ser utilizada para perseguir y silenciar a aquellos considerados oposición. Rechazamos categóricamente estas acciones y exigimos que se respete la legalidad y la Justicia, asegurando que la ley no se convierta en un instrumento de persecución política”, expresa el texto.
Los firmantes hacen un llamado a la comunidad y a las autoridades para que apoyen en la protección de la democracia y la libertad de expresión. Igualmente, repudiaron la tergiversación, luego de que operadores cartistas se infiltraran en una reunión de trabajadores de estas organizaciones.
“Manifestamos nuestro repudio a la tergiversación y manipulación realizada por senadores con relación a una conversación desarrollada entre algunos representantes de organizaciones sociales. Consideramos inaceptable que se distorsione la realidad de los hechos y desvirtúe la esencia de nuestras propuestas y preocupaciones. Hacemos un llamado a la responsabilidad y al respeto mutuo, para que juntos podamos trabajar en beneficio del país y de sus ciudadanos”, subraya.
La normativa pasa a la Cámara de Diputados y las organizaciones piden a los legisladores abrir un espacio de conversación con los afectados por la ley, para que el marco regulatorio sea construido con inclusión de todas las voces que forman parte. Por eso, proponen la creación de una mesa de diálogo que incluya a representantes del gobierno, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, para discutir alternativas.
“Es esencial que las decisiones que afectan a la ciudadanía sean discutidas y deliberadas de manera clara y accesible, fomentando la participación activa de todos los sectores de la sociedad”, precisa.
Finalmente, consideran que estas organizaciones desempeñan un papel crucial en la promoción de la democracia, la justicia social y los derechos humanos. “La diversidad y vitalidad de la ciudadanía organizada que hacen al tejido social de nuestro país, son esenciales para avanzar en la construcción de una democracia robusta y un desarrollo sustentable”, exponen.
Otros referentes, como Esperanza Martínez, advirtieron que el proyecto es más bien persecutorio y que intenta transmitir el mensaje de que los que piensan diferente no deben “meterse”. “Lejos de centrarse en la transparencia, fue una exhibición de persecución y acoso a personas y organizaciones críticas al Gobierno”, opinó.
