Un pilar fundamental e indispensable para la calidad de los servicios públicos es la existencia de funcionarios alineados a los objetivos de las políticas públicas. El acceso y la promoción de funcionarios por fuera de criterios meritocráticos, basados en las competencias y resultados de la gestión, no solo destruye cualquier intento de construcción de una carrera profesional, sino que, además proporciona señales sumamente negativas a la ciudadanía.
De por sí ya existe una pésima percepción ciudadana sobre la calidad de los funcionarios públicos. Esta percepción está vinculada, por un lado, con la contratación en el sector público de allegados al partido político de turno. Por otro lado, porque los servicios públicos se dirigen a un sector también privilegiado derivado de la acción interesada de los funcionarios que atienden los intereses de quienes los pusieron allí , y no de la ciudadanía.
La creación de nuevos cargos y el aumento salarial no implica solo más salarios, lo cual es grave cuando no existe garantía de que esos recursos servirán para beneficiar a la ciudadanía. Además de los salarios se encuentran otras remuneraciones destinadas al pago de horas extras, asignación familiar, subsidio para el acceso a salud, ya sea a través de un seguro privado o de una transferencia en efectivo, ambos financiados totalmente con recursos públicos.
En el caso de funcionarios pertenecientes a regímenes jubilatorios cuyos colectivos tienen saldo neto negativo, es decir los ingresos (aportes) son inferiores a los gastos (jubilaciones), también implica el riesgo de algún tipo de subsidio, ya sea directo como es el caso de policías o militares o cruzado como los docentes.
Más allá de la ausencia de una carrera profesional en el sector público, tampoco existen evaluaciones que permitan señalar la buena gestión institucional ni estudios que justifiquen la necesidad de recursos y el destino de los mismos en caso de su aprobación.
Muchas de las instituciones que solicitan aumentos están seriamente cuestionadas por la ciudadanía y muchas de sus autoridades tienen indicios de corrupción que, aunque no hayan sido aún condenados por la justicia, enfrentan un problema ético.
El debilitamiento de la institucionalidad pública y los problemas de corrupción restan legitimidad a los pedidos en la ciudadanía que es ,finalmente ,quien aporta sus impuestos para el financiamiento de los aumentos y que no están recibiendo los servicios públicos con la calidad necesaria. Es más, en algunos casos ni siquiera le llegan estos servicios.
Las brechas de cobertura en la mayoría de programas y servicios públicos esenciales se mantienen altas. Muchas personas que se enferman no logran consultar, más de un tercio de los adolescentes está fuera del sistema educativo. Los sistemas de red de agua y saneamiento tienen problemas no solo de cobertura sino también de calidad. El sistema eléctrico que llega a mas del 90% de la población, lo hace con cortes de energía de manera cotidiana.
Los XII Juegos Suramericanos de la ODESUR nos demostraron la gran necesidad de impulsar políticas deportivas y recreativas. El fomento al deporte en la niñez y juventud es un medio fundamental para el desarrollo personal y la vida sana y permite, paralelamente, generar espacios de integración social y recreación para el resto de la población. A pesar de su relevancia, el presupuesto en este ámbito es paupérrimo.
El país tiene muchas necesidades y aspiraciones. Una mala asignación de recursos no solo es un perjuicio económico, sino fundamentalmente una violación al derecho a vivir en un país que provea las condiciones mínimas de bienestar.