El gremio de los supermercadistas afirman que el escándalo de las filtraciones de los mensajes de texto entre el extinto diputado Eulalio Lalo Gomes con jueces, fiscales y funcionarios de la Senad “destruyen las instituciones de la República, debilitan la democracia y frenan cualquier esfuerzo por construir un Paraguay más justo y próspero”.
“La evidencia de las gruesas irregularidades y delitos que hoy salpican al sistema judicial reclama una profunda investigación, para delimitar responsabilidades y sancionar a quienes han prostituido al poder de la República que tiene la misión de velar por una justicia que dé a cada uno lo suyo”, expresa el comunicado de la Capasu.
Además, el gremio empresarial, que actualmente está presidido por el supermercadista Joaquín González, afirma que es inadmisible que quienes deben ser servidores públicos actúen como si fueran los dueños del país, instaurando con su proceder un sistema donde impera la ley del más fuerte o del más amigo. Esta situación desvirtúa los principios democráticos y erosiona la confianza de la ciudadanía, según esgrime la postura. “No permitamos que el buen momento macroeconómico que vive el país respaldado por la obtención del grado de inversión, se diluya por la falta de integridad institucional. Es insuficiente promocionar en el exterior la estabilidad macroeconómica si no fortalecemos las bases institucionales y garantizamos un Estado de derecho sólido y confiable”, indica también.
El gremio concluye que solo a través de un compromiso genuino, acompañado de acciones concretas y decididas, se podrán superar los desafíos actuales y edificar un futuro mejor para todos. “Es momento de que las instituciones del Estado, junto con la clase política, estén a la altura del cargo y la responsabilidad que les fueron confiados. El país necesita de liderazgo íntegro, visión y acciones que coloquen el interés nacional por encima de cualquier otro”, finaliza el comunicado.
confianza deteriorada. Entre tanto, la Adec, presidida por Jorge Figueredo, considera inaceptable que las prácticas corruptas y el abuso de poder deterioren la confianza ciudadana, afectando inversiones y logros alcanzados. “La falta de credibilidad en la justicia pone en riesgo la estabilidad y el progreso del Paraguay, debilitando los cimientos de nuestra economía”, sostiene en su comunicado los empresarios cristianos.
Los miembros de la Adec solicitan acciones urgentes a los tres Poderes del Estado como la de iniciar investigaciones imparciales y exhaustivas sobre las denuncias de injerencia de la narcopolítica y la corrupción. Además, piden aplicar sanciones ejemplares a quienes incurran en abuso de poder. Otro punto exigido es el de reestructurar las instituciones judiciales para asegurar la autonomía de jueces y fiscales, así como establecer mecanismos de protección efectivos para las víctimas y denunciantes, evitando represalias. Asimismo, piden promover la transparencia en el Poder Judicial, con la implementación de sistemas de monitoreo y rendición de cuentas, para que la actuación judicial sea pública y esté sujeta a controles ciudadanos.
