El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, conversó este jueves con radio Monumental 1080 AM acerca del dictamen que emitió la institución el miércoles sobre las compras de la Municipalidad de Asunción por el Covid-19 durante la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez.
La Dirección Jurídica del ente alegó en el documento que “no habría indicios suficientes que ameriten dar trámite a una investigación de oficio”.
Seitz explicó que no se puede investigar el caso porque la Comuna utilizó el rubro 800 del Presupuesto General de la Nación, que deja fuera de competencia a la institución para hacer las compras directas.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppSin embargo, dijo que no es la única institución que realiza adquisiciones sin pasar por el sistema de Contrataciones Públicas.
“Desde el punto de vista institucional, de aquí a unos seis meses vamos a tener varios casos similares, por lo que vemos hoy día en la prensa de otras instituciones que tienen el mismo modus operandi”, agregó.
El alto funcionario estatal mencionó que hay dos a tres gobernaciones y otra municipalidad, “que hoy están en tela de análisis” al respecto.
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“Entonces, es muy importante que quede la postura institucional clara, que no puede ser interpretada como una herramienta de blanqueo este tipo de análisis que no puede hacer la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en profundidad y que no puede tener competencia”, enfatizó.
El dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) revela una serie de irregularidades en las compras de la Comuna capitalina, como el caso de empresas favorecidas, inconsistencias e irregularidades en el cumplimiento de la capacidad legal de algunas de las firmas adjudicadas.
Además, el ente contralor detectó una ampliación de G. 2.000 millones sin ninguna ordenanza en el rubro 831, de aportes a entidades sociales y emergencia nacional.
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El rubro 831, consignado con unos G. 12.000.000.000 alcanzó los G. 18.500.000.000 con dos reprogramaciones. La primera por G. 2.000 millones, de la que no se tienen rastros, y la segunda, por G. 4.500 millones, realizada en noviembre del 2020. De las operaciones bajo este concepto solo se conoce el uso de G. 6.944.903.320, en adjudicaciones para kits de alimentos, insumos y artículos de limpieza por el Covid-19.
Una serie de observaciones realizadas por la CGR fueron enviadas a la Fiscalía, donde la investigación no avanza.
Pablo Seitz indicó que para evitar el uso del rubro 800 en pandemia, en abril del año pasado, se comenzó a implementar una modalidad de compra rápida por vía de la excepción, que requiere de 48 horas de trámite burocrático.
“Con 48 horas de poner en conocimiento público a Contrataciones, por vía de la excepción, ya es suficientemente justificada la compra rápida”, afirmó.
