La opinión pública aún no había logrado superar la conmoción provocada por el brutal asesinato de una joven mujer, cometido por el capo narcotraficante brasileño Marcelo Pinheiro en su celda de la Agrupación Especializada de la Policía, en Asunción, cuando otra ingrata noticia informaba sobre la reaparición de presuntos miembros del grupo armado criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), quienes han atacado una estancia en la zona norte del Departamento de San Pedro, límite con Amambay, tomando prisioneros a cinco personas. Tras quemar un camión y un tractor, dejaron libres a cuatro peones y se llevaron al propietario del establecimiento, el colono brasileño Valmir de Campo. Horas después, el cuerpo del productor fue hallado sin vida ejecutado con 11 balazos.
Este nuevo trágico hecho marca la continuidad de una oleada de violencia criminal que se mantiene desde hace años en la zona noreste de la Región Oriental del país, donde actúan impunemente grupos de delincuentes que se autodenominan guerrilleros, junto con bandas de narcotraficantes y del crimen organizado.
Los casos de ataques armados, ajusticiamientos o asesinatos de personas, enfrentamientos a balazos en zonas de población civil, chantajes y secuestros extorsivos se han vuelto parte de la cotidianidad para muchos pobladores de San Pedro, Amambay, Concepción, Canindeyú o Alto Paraná.
Las actividades ilícitas de producción y comercialización de drogas, contrabando, tráfico de armas, lavado de dinero, trata de personas, entre otras, se suman a los casos de ataques y despojos de tierras contra comunidades indígenas y campesinas, agresión y destrucción del medioambiente, generando que poblaciones de un vasto territorio se mantengan en situaciones de aislamiento y pobreza.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, declaró ayer que la lucha contra el crimen organizado será prolongada y tendrá días de victorias y derrotas. Es cierto, pero para que se produzcan resultados más efectivos no basta con expulsar del país a un capo narco y cambiar a los jefes de la Policía cada vez que ocurra una trágica muerte que causa conmoción en la sociedad, ni con destinar más presupuesto a fuerzas policiales y militares desplegadas en el Norte.
El principal desafío para el Gobierno y para las demás instituciones del Estado implica avanzar en acciones legales y jurídicas más decididas, que puedan desarticular las redes de la corrupción y de la narcopolítica, y a la vez redoblar los proyectos de desarrollo que puedan sacar a las regiones más afectadas del olvido, la marginación, la pobreza y el aislamiento.