Los parlamentarios sostienen que es sumamente grave que haya recibido un millón de dólares del fondo de emergencia para enfrentar la pandemia y que dichos recursos “fueran desviados a organizaciones que debían realizar los trabajos y se desconozca el destino de gran parte del dinero y también de las obras viales y mejoramiento de espacios públicos que supuestamente se realizaron”.
Parece una declaración irrelevante, pero tiene un significado ominoso para Hugo Javier, pues proviene del órgano que, hasta ahora, lo había mantenido a flote políticamente.
Hace solo cuatro meses un hermanado bloque colorado integrado por cartistas y oficialistas consiguió 42 votos y mandó al archivo el pedido de intervención de la Gobernación. No importó entonces la existencia de una imputación fiscal ni sendos informes de la Contraloría General, la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Secretaría Nacional Anticorrupción. Decidieron afrontar el costo político y seguir la agenda de la Operación Cicatriz acudiendo al salvataje del correligionario pillado con las manos en la masa.
Todo fue tan burdo que los epítetos contra la Cámara de la vergüenza atronaron amenazadoramente. El blanqueo a Hugo Javier fue demasiado descarado. El dinero se había supuestamente gastado en obras que ya estaban terminadas antes del desembolso de los fondos; las organizaciones beneficiadas eran de mera fachada y los diputados colorados omitieron la detección de facturas clonadas. Cerraron los ojos y le lanzaron un salvavidas.
La parte más fúnebre de esa indecencia la protagonizaron Ángel Paniagua, presidente de la Comisión Especial que analizó el pedido de intervención, y Bernardo Lalo Villalba, abogado del gobernador. Ambos intentaron realizar un “tour de impunidad” recorriendo obras elegidas por la propia Gobernación para demostrar que no eran fantasmas. El paseo era acompañado por una hinchada del Número 2 que aplaudía a ritmo de cachaca cada paso de la comitiva.
Eso fue solo hace cuatro meses, ¿entonces, por qué ahora le sueltan la mano? Por la suma de varias cosas: a) midieron mejor el enorme enojo de la gente, b) las próximas elecciones están cada vez más cerca y, c) las evidencias de que el defendido es un ladrón ya son indisimulables.
Lo concreto es que ese engendro que el cartismo inventó sobre la hora para reemplazar a otro improvisado popular como Rubén Rodríguez, resultó tener una voracidad insaciable. Hugo Javier se está quedando solo.
Si no lo cree, fíjese en la sucesión de los siguientes signos, improbables hasta hace poco. Una jueza ordenó su arresto domiciliario, con lo que se cortó una sarta de chicanas que lo mantenían en el cargo. Esa determinación jurídica genera una catástrofe política: es imposible ejercer el cargo de gobernador desde su domicilio. Para peor, Hugo Javier también tiene prohibido comunicarse con los coimputados, entre ellos varios funcionarios importantes de la Gobernación.
Su defensa intentó de todo. Desde solicitar permiso “para trabajar” de 7:00 a 13:00 –tal como lo obtuvo el finado Óscar González Daher por parte de unos camaristas en 2019– hasta fijar su residencia en la propia sede de la Gobernación. Nada resultó, los vientos han cambiado. Ahora, la Junta Departamental rechazó por improcedente su comunicación de “ausencia por 14 días” y analiza presentar un nuevo pedido de intervención.
Todo mal para Hugo Javier. Se están yendo todos. Los primeros en irse, libres de polvo y paja, fueron los que lo iniciaron en las malas artes de la corrupción: los del equipo del aduanero al que llaman “el monje negro de Central”. Para el cartismo, es una figura incómoda, que debe estar lejos de las fotos. Qué final más triste. Pero si las acusaciones son ciertas, qué final más merecido.
