La decisión de ir al paro obedece al hecho de que no hay un acuerdo entre los transportistas y las autoridades del Viceministerio del Transporte sobre el costo de los diferentes ítems y conceptos que se tienen en cuenta para calcular el costo del pasaje.
De acuerdo con las informaciones que se pudieron obtener, las empresas de transporte manejan unos costos superiores a los del Viceministerio y, de ahí, surge la discrepancia para el debate. Sin embargo, las diferencias de costos son muy elevadas según lo que se pudo averiguar. Para este año el subsidio que debe pagar el Tesoro a las empresas de transporte público ronda los 36 millones de dólares. Si se toma en cuenta los nuevos costos que manejan los transportistas, este aporte prácticamente se duplicará; es decir, iría a unos 70 millones de dólares, cifra que el Estado no tiene y tampoco está dispuesto a abonar.
La disparidad de criterios está en un punto álgido. Los transportistas piden a las autoridades del Viceministerio de Transporte que simplemente carguen en la planilla los ítems que componen el costo del pasaje y listo, aunque desde el Estado manejan números y costos dispares de los productos, lo que derivó en este impase. Lo llamativo del caso es que otros gremios que también prestan servicios similares no se sumaron a la medida y, en cambio, mantienen el diálogo con el Gobierno y están abiertos a seguir prestando el servicio con el mismo costo, aunque sí solicitan una reforma del sistema de transporte, puesto que consideran que la modalidad actual ya está desfasada y se debe tener en cuenta los conceptos modernos y actualizados en lo que hace al transporte de pasajeros. Los transportistas convocantes niegan que ellos hayan pedido duplicar el subsidio, pero tampoco manifiestan cómo se cubrirá el mayor costo del pasaje. Es ese sentido, si el Estado no se hace cargo del incremento del costo del pasaje implica que el usuario deberá pagar más para poder abordar un ómnibus.
De darse esta situación, el aumento del costo del pasaje, se espera la reacción de los usuarios que hoy día pagan G. 2.300 por el servicio convencional y G. 3.400 por el servicio diferencial.
El Gobierno convocó a una reunión tripartita la semana pasada, pero no hubo acuerdo en una primera reunión. Todavía está en agenda una nueva negociación el 16 de mayo con miras a desactivar la protesta de los transportistas.
A criterio de la mayoría de los usuarios del transporte público, las empresas ganan mucho dinero, pues basta con observar el tipo de vehículos que utilizan, lujosas residencias y porque llevan un nivel de vida más elevado que cualquiera de los pasajeros que se suben diariamente a sus buses.
Por el contrario, los transportistas dicen que operan a pérdidas y que la mayoría de sus asociados ya están en proceso de quiebra.
Otro de los reclamos que hacen las empresas de transporte es el pago de subsidios por los meses atrasados que tiene el Tesoro.
Desde el Gobierno sostienen que el retraso no supera los 60 días y que en los próximos meses esperan actualizar los pagos.
Hasta el viernes, la postura de los transportistas y la del Gobierno eran incompatibles y no se avizoraba una posible solución o levantamiento del anunciado paro.
La medida de fuerza apenas se anunció y ya se ganó la antipatía de la ciudadanía. A tal punto que ni siquiera el gremio de trabajadores del volante, los choferes, están de acuerdo con la determinación de sus patrones. El sistema de transporte requiere de urgentes cambios y esta podría ser la oportunidad para dar un fuerte golpe de timón a favor de los pasajeros.
