La voz de Fermín Paredes, antes de morir, todavía le retumba en la mente a Blanca Vera cuando recuerda que vieron llegar a los policías de un lado y del otro el día de la masacre de Curuguaty. Mientras intenta reproducir las últimas palabras de su esposo le invade el dolor y se quiebra.
“Andate nomás de acá, yo me voy a quedar. Les voy a enfrentar. Si yo muero, para que se le quede la tierra a mi familia. Esto va a quedar en la historia”, le había dicho en ese entonces. Sin dimensionar sus expresiones, Paredes vaticinaba un hecho que ya no se borraría de la memoria nacional e internacional.
Tal es así que la masacre del 15 de junio de 2012, cuando seis policías y 11 campesinos perdieron la vida, depuso al gobierno de Fernando Lugo ese año y ocasionó la exclusión de Paraguay del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Más allá de la repercusión política e histórica, en todos estos años, el Estado no logró resolver el problema que desencadenó aquel suceso: Las tierras conocidas como Marina Cué.
Blanca Vera comenta después de secarse las lágrimas que nunca recibió una indemnización. Parada junto al crucifijo que está clavado sobre el lugar donde falleció su esposo, dice que para ella la única forma en la que podría ser indemnizada es cuando se regularicen esas tierras.
Es lo mismo que piden las familias, víctimas y sobrevivientes de la ocupación, que con cruces de madera convirtieron el lugar de la masacre hoy en un camposanto.
El lugar de la masacre
Las tierras conocidas como Marina Cué es el lugar donde ocurrió la masacre de Curuguaty. Está situada a 280 kilómetros de Asunción, en la colonia Yvyra Pytã, de la ciudad de Curuguaty, del Departamento de Canindeyú, en el centro este de la Región Oriental.
En el lugar permanecen habitantes de una última ocupación que se dio en 2014. La mayoría son parientes de las víctimas y sobrevivientes.
Actualmente, Marina Cué es una comunidad rural conformada por unas 150 familias, que son representadas por la Asociación de Familiares de Víctimas de la Masacre de Curuguaty, presidida por Martina Paredes, hermana de dos víctimas: Luis y Fermín Paredes.
Cada familia tiene un terreno de 10 hectáreas para su vivienda y producción.
Marina Cué tiene un solo camino de terraplén que conduce a la comunidad, cuyo tramo es de 12 kilómetros y está en medio de cultivos de sojas de grandes extensiones y montes.
Los planes del Gobierno
Un equipo de Última Hora se embarca en un viaje a Marina Cué en el marco del décimo aniversario de la masacre de Curuguaty y Martina Paredes funge de guía en el recorrido y comenta cómo fue que por primera vez estuvieron tan cerca de conseguir una solución definitiva al problema de las tierras.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había anunciado en un acto oficial en Canindeyú a finales del 2020 que se iba a cumplir una “deuda histórica” bajo su mandato. Tenía en sus manos la posibilidad de promulgar una ley en favor de los ocupantes de Marina Cué y la terminó vetando.
La normativa pretendía desafectar del dominio público 1.700 hectáreas y transferir al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para los fines de la Reforma Agraria. La Asociación de Familiares de Víctimas de la Masacre de Curuguaty había mantenido varias conversaciones con el Gobierno por un largo tiempo para llegar a tal acuerdo, que finalmente no se logró.
Martina Paredes saluda a los vecinos en la medida que va ingresando al seno de la comunidad, de caminos difíciles para llegar, empinados y con puentes precarios. En ese ínterin señala que dos funcionarios cercanos al mandatario incluso llegaron a visitar Marina Cué. Entre ellos, Euclides Acevedo, cuando era ministro del Interior, y Daniel Centurión, en su tiempo de asesor político de la Presidencia.
“Y todo, todo es promesa, promesa, pero hasta ahí”, lamenta. En otro momento, se refiere a la alternativa que planteó después el Gobierno.
Edición de video: Luciano Jara
La propia presidenta del Indert, Gail González, anticipó en qué consistía cuando se comunicó el veto en una conferencia de prensa. El objetivo es destinar 806 hectáreas no boscosas de la reserva Yberá para el asentamiento campesino, que serían loteadas conforme a un censo.
La comunidad de Marina Cué rechaza esta propuesta y cuando el recorrido se detiene en la casa de Mirna Mendoza y Pascual Peralta, Martina expone los motivos. Toma una rama y explica en el suelo de qué se trata, subrayando que eso implica achicar los terrenos.
“Rechazamos el modelo de colonia porque es muy reducido. Si doña Mirna tiene luego tres familias, ¿qué futuro le va a dejar en cuatro hectáreas? Si ella piensa en agricultura, en pequeños animales y todo eso (...) Nosotros pedimos que se mantengan las 1.748 hectáreas con un cambio de categoría, que sea una reserva de recursos manejados”, vierte.
Los dueños de casa son agricultores, instalados en un terreno de 10 hectáreas hace cuatro años. En poco tiempo lograron hacer un buen aprovechamiento del espacio. Tienen productos para el autoconsumo, mandiocas para la comercialización, reforestan, crían algunos animales y poseen además una producción totalmente orgánica.
Martina Paredes demuestra con ello que en Marina Cué es posible implementar este modelo de desarrollo agrícola en la comunidad, evidenciando que existen condiciones para que se pueda considerar el área como una reserva de recursos manejados.
La categoría ambiental
Marina Cué es tierra fiscal desde 1967. Ese año le fueron donadas 2.000 hectáreas al Estado por la Industrial Paraguaya SA (Lipsa). Posteriormente, pasó a manos de la Armada Paraguaya.
Como la Marina abandonó la propiedad, el Estado decidió destinar 1.748 hectáreas de la misma para la Reforma Agraria en 2004. Más tarde, en 2005, la empresa Campos Morombí SACA se adueñó de la tierra pública mediante una demanda de usucapión.
A partir de esa época, vecinos, sintechos y campesinos también vienen pidiendo el acceso a la tierra para vivir en ella y desarrollar la agricultura. De esta manera fue como comenzaron los sucesivos desalojos hasta que se dio la masacre en 2012.
Tras el trágico suceso, Campos Morombí SACA hizo una donación irregular de dicha propiedad al Estado, que a su vez fue declarada reserva científica bajo la denominación de Reserva Yberá.
Fue esto lo que frenó al Gobierno de Mario Abdo, debido a que se interponía con la Ley de Deforestación Cero y el territorio no podía estar sujeto al desmonte por ser un área natural protegida.
Dos pedidos de tierras
El escritor, poeta y periodista Mario Casartelli es uno de los actores de la sociedad civil, como muchos otros activistas y miembros de la Iglesia Católica y ecuménica, que se involucró en la causa de Marina Cué desde el primer aniversario de la masacre. Tuvo varias idas y vueltas de la comunidad y se hizo conocido. Fue mentor de una biblioteca en la escuela, que a los pocos meses de ser inaugurada, fue derribada una parte y destinada como comedor para alumnos.
Dado este escenario y que el responsable de ello fue un sector de los habitantes que no coincide con la asociación de familiares, él intentó intermediar en las relaciones, pero no lo consiguió.
El otro grupo pide regularizar 2.000 hectáreas para la Reforma Agraria y está liderado por Néstor Castro, considerado uno de los referentes entre las víctimas, quien estuvo apresado estando herido por un disparo y fue uno de los tres presos condenados a más años de cárcel, junto a Arnaldo Quintana y Luis Olmedo, quienes recibieron 18 y 20 años de prisión, respectivamente. A los tres les fueron anuladas las condenas en 2018.
Hay una imagen de él, del día que salen los tres en libertad del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional , donde era el único que llevaba una bandera paraguaya en el cuello, como símbolo de patriotismo.
En Marina Cué, Néstor Castro se encontraba trabajando por un pozo de la escuela de la comunidad, cuando fue consultado sobre estos temas. Se ratifica en su posición y expresa que no cederá a otras negociaciones. “Cómo vamos a negociar y llegar a un acuerdo sobre algo que se cometió una irregularidad”, esgrime.
En cuanto a la biblioteca, se excusa que la comisión de padres de la escuela Mártires de Marina Cué, que él encabeza, decidió reformar la biblioteca para dar prioridad a las necesidades de la escuela, porque al primer y “precario” comedor que tenían ya le sobrepasa la cantidad de estudiantes. A la institución educativa van 140 niños y niñas de la escolar básica.
La nueva esperanza
La organización ambiental WWF Paraguay había reaccionado en su momento contra el proyecto de ley que impulsaba el Gobierno para la transferencia de tierras a favor de los ocupantes de Marina Cué en 2020, porque la zona donde está asentada es considerada un corredor biológico muy importante para la conservación del Bosque Atlántico en Paraguay.
En ese año, la oenegé no tenía ningún diálogo con la Asociación de los Familiares de Víctimas de la Masacre de Curuguaty. Pero, después del veto del Ejecutivo, se dio un acercamiento entre ambas partes y en el diálogo se encontraron objetivos en común.
La directora de la organización ambiental WWF Paraguay, Lucy Aquino, declara a Última Hora que actualmente se encuentran apoyando a las familias de Marina Cué sobre el proyecto que busca cambiar de categoría las tierras de la comunidad, de reserva científica a reserva de recursos manejados, de modo que las familias puedan continuar en la propiedad, pero bajo el compromiso de llevar adelante un desarrollo sostenible, reforestar e impulsar una agricultura orgánica.
“Solo se puede llegar a esto si hay un acuerdo entre las partes en la comunidad”, enfatiza la profesional conservacionista. Considera que dicho proyecto puede ser posible si todos los habitantes llegan a un acuerdo, porque la división ya representa un obstáculo, asegura.
No obstante, Marina Cué persiste en la lucha tras 10 años de la masacre con la esperanza de poder aún conseguir la regularización de sus tierras.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) concluye en un informe por el décimo aniversario de la masacre de Curuguaty que “todo este entuerto legal” no fue otra cosa que “una práctica malintencionada de marketing verde que, detrás de una falsa intención de responsabilidad social y ecológica” pretende “blanquear el origen fraudulento de la apropiación de Campos Morombí y contar con una nueva base legal para desalojar a la comunidad campesina del lugar”.
