Desde tempranas horas, un importante contingente de efectivos policiales se instaló en inmediaciones del Congreso Nacional ante la movilización de trabajadores que están en contra del proyecto de servicio civil que se estudiará este miércoles en el Senado.
Las organizaciones de funcionarios estatales que rechazan la iniciativa se movilizan en las afueras de la sede legislativa, teniendo en cuenta que figura en el orden del día de la sesión de la Cámara Alta.
Participan de las protestas gremios de hospitales de Luque, Villa Elisa, Clínicas, Itauguá, del Pediátrico Niños de Acosta Ñu, entre otros, así como la Federación de Educadores del Paraguay, Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, entre otros.
El reclamo de los trabajadores
María Cárdenas, asesora jurídica de Asociación Salud País Unido, cuestionó primeramente que todo lo que afecta al funcionario público impacta también en los administrativos y al personal de blanco, donde los trabajadores del Ministerio de Salud son los más desprotegidos porque ni siquiera cuentan con un contrato colectivo de trabajo.
Sobre el último punto, advirtió que las instituciones que sí tienen acuerdos laborales están en riesgo porque la normativa indica que deben estar incluidos en el Presupuesto General de la Nación, lo que significa que puede variar cada año y que finalmente no será aplicable.
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— Última Hora (@UltimaHoracom) November 13, 2024
“Sueñan despiertos y creen que el superministro de Economía y Finanzas va a incluir los beneficios para los compañeros”, refirió.
Sobre el derecho sindical, explicó que el proyecto establece el tiempo que va a durar y cómo se eligen las autoridades, lo que significa que este trámite ya no dependerá de la Justicia Electoral, sino del Ejecutivo.
“Y vos podés salir a manifestarte, podés salir a movilizarte para que a tu institución le den pupitres o jeringas, pero ya no más por beneficios para tus agremiados”, señaló.
En ese sentido, alertó que la iniciativa “mata el espíritu de lucha del sindicalismo”.
Se busca “blanquear” a los “nepobabies”
Para Cárdenas, la exclusión de los poderes Legislativo y Judicial evidencia las intenciones de blanquear los “nepobabies” y así también cuestiona la evaluación de desempeño que exige el proyecto, mientras que en el Congreso no hay ningún tipo de pruebas.
Aunque los gremios consideran que los votos están cantados por la “aplanadora colorada” al igual que normativas anteriores, avisan que se van a hacer sentir con movilizaciones y el voto castigo en las próximas elecciones.
A su vez, Francisco Vera, secretario de la Federación de Educadores del Paraguay, mencionó que los docentes piden la exclusión del magisterio del proyecto. Explicó que la Constitución Nacional refiere que tanto militares y policías como educadores deben regirse por leyes específicas y que el sector ya cuenta con las leyes 1725 y 1264.
Estos grupos participaron en las audiencias públicas de debate sobre el proyecto de ley y manifestaron que varios puntos atentan contra la estabilidad laboral y derechos sindicales de los trabajadores estatales.
Desde la Policía Nacional garantizaron el libre tránsito en todas las arterias del microcentro de Asunción, sin embargo, colocaron vallas en las calles Presidente Franco y 14 de Mayo, así como en Paraguayo Independiente.
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Si bien el presidente Santiago Peña había promocionado la iniciativa como una solución al nepotismo en la función pública, finalmente el proyecto solo contempla a instituciones que dependen del Poder Ejecutivo tras los cambios que se introdujeron en las comisiones del Senado.
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Es decir, están excluidos los poderes Judicial y Legislativo, en medio de escándalos por la contratación de hijos, esposas y otros familiares en el Congreso, caso conocido como “nepobabies”.