El derrumbe político del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, no podía ser más aleccionador y simbólico. Su nominación como “significativamente corrupto” por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos ratifica ante el mundo los niveles dramáticos de corrupción que ha alcanzado el Estado paraguayo, el fracaso miserable de las instituciones responsables de investigar y sancionar los casos de corrupción y la degradación absoluta de un partido político que lleva tres cuartos de siglo en el poder.
Primero, se trata del funcionario en ejercicio del segundo cargo más relevante del Ejecutivo; segundo, es acusado de sobornar por más del millón de dólares a un miembro del Estado paraguayo para impedir una investigación, lo que supone la comisión de delitos comunes que la Justicia paraguaya debería estar investigando, y de la que, hasta ahora, no hemos tenido la menor información; y, tercero, es nada menos que el hombre elegido por el oficialismo colorado para disputar la candidatura presidencial en el 2023.
Acaso lo más grave de todo esto sea que la designación de Velázquez no es una sorpresa. Los rumores acerca de su posible inclusión en la lista negra corren desde hace meses. Y esto es así porque siempre hubo sospechas sobre lo que hizo o dejó de hacer siendo primero agente del Ministerio Público y luego fiscal general adjunto en el Departamento de Alto Paraná (zona de la Triple Frontera), territorio fértil para el contrabando, los delitos marcarios, el lavado de dinero y el financiamiento de organizaciones terroristas.
Por aquel entonces, su fiel escudero era nada menos que Juan Carlos Duarte, el actual asesor jurídico de Yacyretá, el mismo a quien el Gobierno norteamericano sindica como el que pagó el soborno multimillonario para evitar una investigación que afectaría tanto a Velázquez como a sí mismo. ¿Cómo es posible que el oficialismo colorado no haya tenido prurito en candidatar a la presidencia a una persona con una trayectoria tan… dudosa? Simple. Ya lo había candidatado al parlamento y a la misma vicepresidencia con total éxito, confirmando que para ganar en la ANR solo se necesitan votos, no prestigio.
¿Cómo es posible que la Justicia paraguaya ni siquiera estuviera enterada del presunto soborno ni hayamos escuchado nunca sobre la investigación que él y Duarte supuestamente intentaron abortar? Sencillo. Ambos formaban parte de la estructura misma del Ministerio Público. Eran carne de la institución que debía investigarlos.
Otra arista del caso parece sacada de una comedia negra. Ocurre que esta debacle política del oficialismo colorado apenas puede ser utilizada por sus coyunturales detractores, los paniaguados de Horacio Cartes, porque hace apenas dos semanas el ex presidente también fue nominado como significativamente corrupto por el Departamento de Estado norteamericano. O sea, no pueden referirse a la desgracia de uno sin reconocer la desgracia del otro.
Lo cierto es que ambas designaciones suponen un daño terrible para todos nosotros, aunque nunca los hayamos votado. Un vicepresidente en ejercicio acusado de soborno y un ex mandatario culpado de obstruir una investigación internacional sobre el crimen trasnacional –estando en el ejercicio del poder– y de mantener vínculos con organizaciones criminales y terroristas… son elementos suficientes como para construir una oprobiosa marca país.
Con Velázquez, la designación provocó su muerte política inmediata. Ya no es candidato y esta semana renunciará al cargo. Con Cartes, la situación es infinitamente más compleja. Es uno de los hombres más ricos del país, es propietario del movimiento más poderoso del Partido Colorado e impuso la candidatura presidencial de Santi Peña.
El poder político que pueda tener el ex ministro de Hacienda como presidente es en realidad el poder de Cartes. Y el futuro del tabacalero es incierto. Puede mantenerse encerrado en el país como una fiera herida y furiosa o terminar extraditado a los Estados Unidos.
A esto nos han arrastrado un poder judicial prostituido por la clase política y un partido con siete décadas en el poder, vaciado de contenido y controlado por burócratas corruptos, narcos y lavadores de dinero. Suponer que con la misma organización política se pueden conseguir resultados distintos no es ser ingenuos, es ser significativamente masoquistas.
