Durante la visita realizada a una industria textil, el secretario de Estado Julio Mazzoleni afirmó que la semana pasada era otra su posición con respecto al avance a la fase 3 de la cuarentena inteligente, ya que no descarta que la fase 2 se extendiera por una semana.
“Ahora tengo que reconocer que sobre el fin de semana —salvo el día de ayer— los resultados han sido auspiciosos, y se ha equilibrado un poco la balanza”, resaltó este miércoles a los medios.
Sin embargo, apuntó que lo más prudente es aguardar los resultados de las pruebas que se reporten entre esta jornada y el jueves, para tomar una decisión definitiva.
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“En algunas zonas del país puede darse (la extensión) o podría darse una fase 3. Hay varios escenarios que estamos manejando. Una fase 3 con menos desescaladas de las restricciones. Tampoco se descarta una semana más (de fase 2)”, refirió.
En el caso de la ciudad de San Roque González, de Paraguarí, dijo que fue “oportuno” volver a la fase 0 “para hacer una evaluacion más precisa del arbol de contagio. En dicha localidad se registró un foco de infección de Covid-19 luego de haberse confirmado que un militar con coronavirus (Covid-19) estuvo por la comunidad.
El titular del Ministerio de Salud Pública no descartó que todo el departamento vaya a cuarentena total.
Sumarios en la cartera sanitaria
El ministro de Salud fue consultado sobre los sumarios administrativos de la cartera sanitaria por la compra fallida de los insumos médicos provenientes de China, y solamente contestó que “eso tiene su proceso y seguro se va a dar”.
Antes de que prosigan con las preguntas, rápidamente se excusó con que debía alcanzar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que acababa de llegar a las instalaciones de la industria textil para realizar un recorrido.
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En el marco de la investigación de la causa, la Fiscalía imputó este miércoles a directivos de una de las proveedoras de los insumos.
Se trata de la empresa Imedic SA contra cuyos directivos formuló la imputación por hechos punibles, como asociación criminal, uso de documentos falsos y la comercialización de medicamentos no autorizados. También piden prisión preventiva para las personas procesadas.