Invocando los artículos 7 y 8 del Reglamento Interno de la Cámara de Senadores, el senador electo Rafael Esquivel, alias Mbururu, solicitó al presidente del Congreso Nacional, que disponga su juramento como legislador por el periodo 2023-2028 de forma telemática.
En documento – que ya cuenta con el sello de mesa de entrada- se presentó este viernes, luego de que un Juzgado le negara el permiso de viajar hasta Asunción para el acto de juramento, alegando motivos de seguridad.
Asimismo, solicitó al pleno que le conceda el plazo reglamentario para jurar, “impidiendo el juramento de cualquier persona que no haya sido electo y proclamado senador”.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEl senador electo se encuentra con prisión preventiva por el presunto ataque a un propiedad en Itakyry, Departamento de Alto Paraná, por el cual se halla procesado por tentativa de homicidio doloso, tentativa de coacción sexual y otros hechos delictivos.
Asimismo, Esquievel cuenta con un caso por abuso sexual registrado en Ciudad del Este y otro por estupro, porque tenía como pareja a una adolescente de 15 años.
Actualmente, enfrenta un juicio oral y público por un caso de invasión al inmueble ajeno que ocurrió en octubre del 2019 en la estancia La Sonrisa, en el kilómetro 7, barrio Don Bosco, de Ciudad del Este, a la orilla del río Acaray.
La Corte Suprema también rechazó un habeas corpus reparador presentado su defensa por el cual buscaba quedar libre y jurar como senador.
Le niegan tercer pedido de permiso
Otro permiso para jurar también le fue negado este viernes. Se trata de la tercera solicitud rechazada en menos de 24 horas, informó el corresponsal de Última Hora Edgar Medina.
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La jueza de garantías, Cinthia García, argumentó su decisión al considerar que no existen las garantías para el traslado de Mbururu hasta la capital del país.
A esto se le suma que encuentra imputado por abuso sexual en niños, cuya pena máxima es de hasta 30 años de cárcel.
La magistrada explicó que no existe la cantidad suficiente de policías y funcionarios penitenciarios para su custodia y el acompañamiento permanente.
Atendiendo que tiene seguidores como escrachadores, no existen las garantías para precautelar su seguridad, según argumentó la jueza.
