Susana Oviedo
soviedo@uhora.com.py
En la causa conocida como el Caso Seprelad, Carmen Pereira es una de las siete personas acusadas por el Ministerio Público, en base a una denuncia presentada en julio de 2023 por el ex presidente Horacio Cartes, por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero durante el gobierno anterior. El pasado 11 de marzo, tras un incidentado proceso de investigación fiscal, finalmente se dio la acusación que afecta a Carmen Pereira y a otros funcionarios de la administración anterior. Entre ellos, tres ex ministros.
–¿Qué le representa y cómo está afrontando el estar acusada junto a otros ex funcionarios del Gobierno anterior de al menos 4 cuatro hechos punibles en el marco de su labor como viceministra de la Seprelad?
–Un profundo enojo; fue muy complicado. En la etapa de la imputación yo todavía estaba formando parte del Gobierno Nacional. Es decir, tanto yo como otros colegas que estamos en este proceso, estábamos ocupando aún un lugar como funcionarios.
Sentí un enojo profundo porque era mi trabajo, lo que me daba de comer. Para nosotros que vivimos del fruto de nuestras manos es duro esto y nos genera una profunda impotencia al recibir la acusación que, honestamente, considero injusta e infundada. Y lo que me asusta es que quizás no hay una correcta apreciación porque no quieren escuchar lo que nosotros tenemos para decir.
Tengo 10 años en Seprelad. Entré por concurso público de oposición. Fui una funcionaria de carrera y venía de 7 años de estar en la Fiscalía. O sea, tengo una trayectoria en la función pública. Cuando asumí el cargo durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, recibimos una Seprelad con un gran desafío que era pasar la evaluación de Gafilat.
La institución tenía muchas deficiencias, y debimos llevar adelante un proceso de transformación superprofundo.
–¿Y qué hicieron al respecto?
–Nos pusimos la camiseta. Dimos nuestro tiempo, sacrificamos a la familia. Yo vi pasar 5 años de mi vida por algo en lo que creí. Por eso, es duro que te saquen de la manera en que lo hicieron, haciéndonos sentar en la silla de los acusados, así como a un narcotraficante o como deberían hacerlo con los verdaderos corruptos que hoy están a la vista. Es un sentimiento de impotencia muy profunda, no solo por lo que yo pueda hacer, sino ante lo que el otro pueda hacer. Porque, ¿cómo puede ser que una sociedad vea que todo esto está ocurriendo? ¿Cómo puede ser que los funcionarios públicos vean que esto está pasando y que no seamos capaces de asumir posturas para poder defender trabajos que sean institucionales?
Nosotros no hicimos más que realizar un ejercicio para mejorar lo que Paraguay tenía que mejorar a la luz de la evaluación de Gafilat. Mejoramos, fuimos felicitados, pasamos una evaluación y ahora estamos siendo acusados por llevar estándares de investigación, porque quizás afectaban a intereses particulares.
–¿Hasta ahora qué es lo más preocupante de todo este proceso?
–Lo que a mí más me asusta es la posibilidad de ser sometida a una condena por un hecho punible que no existió. Y que, finalmente, eso me aparte de lo único que es, hoy por hoy, mi mayor responsabilidad: Mis hijos.
–En el origen del proceso que afronta está un conjunto de 852 informes que produjeron en Seprelad, entre los cuales había información sobre el movimiento financiero de Horacio Cartes. ¿Puede explicar el trabajo que realizaron?
–La Seprelad recibe X cantidad de reportes de operaciones sospechosa. Es uno de los insumos que recibe la institución de parte los sujetos obligados (bancos, financieras, casas de cambio, compañías de seguro, etc.). Tienen un carácter reservado y son de uso exclusivo de la Seprelad. En el tiempo que cumplimos funciones, en promedio eran cerca de 12.000 comunicaciones por año, pero no todas pueden llenar el estándar de un caso.
Entonces, lo que se hace es someter eso a un régimen de alertas y la tecnología ayuda a calificarlas. Como no prescriben, esos 12.000 reportes anuales se van sumando año tras año. Entonces, se debe ir categorizando cuál es primero, cuál es segundo, cuál es más grave. Puede ser que uno que no era grave hace dos años, pero se recibe al respecto un nuevo insumo e inmediatamente suba su calificación. Entonces, trabajábamos con ese estándar de ir verificando cuáles eran los hechos objetivos que podíamos tomar en cuenta. Por ejemplo, que una persona reciba X cantidad de reportes en un tiempo determinado. Que en un año tenga más de 3; o se trate de un monto muy elevado. O confluyan ambos aspectos.
–¿Qué pasa si a la par de eso hay una persona que es expuesta políticamente?
–Justamente, si es un presidente o un vicepresidente o alguien de la comunidad internacional, entonces, todas esas reglas nos permitían ubicar. De todos esos reportes, que en 5 años son como 60.000, nosotros pudimos sacar 852 casos.
Agrego aquí que durante la pandemia tuvimos la misma cantidad de productividad que tuvimos en el resto del tiempo. Es decir, quizás los reportes de operación sospechosa disminuyeron. Se redujo el movimiento, pero nosotros mantuvimos la productividad.
Es decir, seguimos produciendo informes de calidad durante todo ese periodo. Y también es muy importante decir que produjimos otro tipo de inteligencia. No solamente la inteligencia operativa, sino la inteligencia estratégica. Es decir, de la recepción de los informes que nosotros teníamos de operación sospechosa, también teníamos otro tipo de datos. Procesábamos esos datos y compartíamos con las instituciones pertinentes.
La esencia de la inteligencia es compartir para que se adopte una decisión.
–¿Ese conjunto de 852 informes presentaron al Ministerio Público para que investigara?
–Claro y es superimportante mencionar que las diseminaciones no son solamente al Ministerio Público. Por imperio de la Ley 6497, que modifica la Ley 1015, la Seprelad puede entregar información a la autoridad competente, y hay diferentes tipos de autoridades. Entre estas autoridades está el Ministerio Público, como principal consumidor de inteligencia. Luego tenemos a la Contraloría General, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Banco Central y el Poder Judicial. A cada uno se remitía un tipo de informe que se llama Nota de Inteligencia. La ley nos habilitaba a realizar ese tipo de diseminaciones a todos estos organismos competentes. Eso es lo que hicimos.
–¿Entonces, cómo es que finalmente se les denuncia por filtrar información confidencial? ¿Quiénes les acusan, entendieron mal la ley o cuál es la cuestión de fondo?
–Yo no quiero hacer un juicio de valor sobre lo que ellos entendieron, sino lo que me gustaría es poner a consideración de la ciudadanía en general, es lo que nosotros hicimos. Nosotros recibimos reporte de operaciones sospechosas de parte de nuestros sujetos obligados, que afectan a personas físicas o jurídicas, y desarrollamos un análisis.
Cuando el estándar de la alerta nos dice esta es la más importante, empezamos a mirarlo, desarrollamos un caso. Cuando desarrollamos el caso, pedimos información adicional o complementaria cuando haga falta. Nos munimos de otras informaciones, contrastamos con otras fuentes. Teníamos más de 30 fuentes que estaban a nuestra disposición para contrastar la información. Y no solamente información de fuentes que son oficiales, sino también de fuentes que son públicas. Es por eso que podemos decir a ciencia cierta que los datos que están dentro de nuestro informe obtuvimos de una fuente oficial contrastada o de una fuente X no contrastada. Para eso ponemos dentro del informe, para que el consumidor de la inteligencia también haga lo mismo. El informe no es una denuncia, es meramente una información indiciaria que tiene que ser sometida a todos los medios de prueba.
–¿Qué demostraron, por ejemplo, respecto a Cartes?
–En realidad, sobre ese punto me gustaría no hacer ningún tipo de apreciación. Pero en todos los casos, lo que nosotros hacemos es establecer hipótesis que pueden dar lugar a esquemas de lavado de activos o delitos precedentes para que el Ministerio Público los ponga en consideración y haga su análisis ya del tipo penal y de la confluencia de los elementos de cada uno de los delitos, y saber si someter a juzgamiento si es necesario.
–De todas las instituciones a las que diseminaron ese conjunto de informes, ¿alguna hizo algo?
–Sí, en los 5 años de gobierno tuvimos resultados muy positivos, por ejemplo con la Senad, con organismos internacionales como la Policía Federal del Brasil o con la Secretaría Anticorrupción. También con la Argentina, con Estados Unidos, con la Denit (ex SET), Nosotros realizábamos diferentes tipos de fuerza de tarea. Cuando un caso estaba como para ser detonado, trabajábamos en conjunto, compartíamos información y luego hacíamos un informe conjunto que daba lugar a las intervenciones, allanamientos y otras acciones. Así tuvimos los Operativos Llamada, Estatus 1 y Estatus 2, y Pavo Real y los casos de las Casas de Cambio que se fundaron en informes de inteligencia financiera. Por ejemplo, de 14 informes, la Senad utilizó 7 de que significaron USD 90 millones en comisos e incautaciones. Nosotros tenemos números específicos, informes, con operativos, con resultados, con muebles, con estancias, con vehículos y con montos en dólares.
–¿Qué pudo constatar respecto a financiamiento político durante su labor en Seprelad?
–No quiero que esto se tome en términos de sí se comprobó o no. Pero en varios informes encontramos vinculaciones del crimen organizado en situaciones relacionadas con la política. Hallamos concentraciones de dinero asociadas a grupos u organizaciones criminales relacionadas al crimen organizado en situaciones relacionadas con la política. Hallamos concentraciones de dinero asociadas a grupos u organizaciones criminales que finalmente podían haber sido destinadas a actos de gobierno.
–¿Se considera una víctima de una confrontación política por parte del Partido Colorado?
–En realidad me considero una protagonista de una historia que tiene connotaciones políticas. Creo que mi trabajo como funcionaria de Estado era realizar informes de inteligencia, los cuales tenía que entregar a las personas que ejercían autoridad pública y que debían tomar decisiones en función de ello. Así que no podemos llamar asociación criminal a esto que tiene que ver con procedimientos que se cumplieron cada día para llevar adelante los objetivos principales de una institución del Estado.
