La Resolución Nº 17789, que establece el protocolo de seguridad para instituciones educativas seguras de gestión pública, privada y privada subvencionada, sigue vigente desde el 2016. Ante el escenario actual de violencia escolar, en la que se registraron desde atentados de tiroteos, abuso sexual infantil, amenazas entre pares y el ingreso de jóvenes con armas blancas en los establecimientos, las autoridades educativas en conjunto con fuerzas de seguridad buscan modificar y actualizar algunos puntos.
En el segundo semestre del 2016, una docente sufrió un atentado dentro de su institución educativa, según testigos, sus alumnos presenciaron el suceso. La profesora se salvó del ataque. A raíz de este suceso y la ola de feminicidios, las autoridades de la cartera decidieron emitir ese protocolo hace seis años.
“Lo que se busca es agregar nuevo contenido y, sobre todo, intentar cubrir todas las posibilidades ante lo que estamos viviendo en el sector”, explica la directora general de Protección de la Niñez del MEC, Sonia Escauriza.
El documento fue criticado por la comunidad educativa en el 2016, debido a que no se ajusta a la realidad. Como faltan rubros para personal en porterías o de limpieza y de seguridad, docentes debían cubrir el ingreso a las escuelas y tomar los datos de cada persona. A la par debían atender a los escolares y estar en las aulas.
Encima, Riera asignó al mismo tiempo a personas de su entorno con rubros docentes disponibles, en lugar de garantizar personal para reforzar la seguridad de las escuelas.
“Mientras docentes deben fungir de porteros, asignan rubros a asesores”, rezaba un titular de este medio en esos días.
ASPECTOS. Evitar alarmas innecesarias, como el rodeo excesivo de fuerzas de seguridad en los colegios, es uno de los detalles que están analizando, confirmó el comisario Diosnel Alarcón, jefe de Delitos Informáticos de la PN.
“Quizás por la inexperiencia que tenemos ante estos nuevos casos, puede que cometamos errores, pero queremos analizar no solo con organismos de seguridad, también con otras instituciones de protección de la niñez”, manifiesta.
Para el jefe policial, estas medidas también resguardan la imagen de las instituciones educativas, evitando la exposición mediática.
Por la creciente demanda de instalación de cámaras en los centros educativos, también prevén elaborar un instructivo para evitar exponer la privacidad de niños y niñas.
“En el caso de que un colegio desee equiparse con cámaras, debe ser bajo un estricto instructivo. No es instalar por instalar nomás. Tiene que designarse un encargado, que solo una persona tenga acceso y cuidar siempre la privacidad de los chicos”.
Alarcón expresa que además el protocolo debe ser acorde con la realidad. No se pueden imponer funciones cuando no hay personal en las escuelas, para evitar que el profesor tenga más carga cuidando portones o haciendo de personal de seguridad.
“Quizás con algunas cosas no podamos prevenir, pero sí persuadir a los jóvenes, pero lo más importante es buscar otros mecanismos para acercarnos a ellos, hablar también con las familias. Ningún protocolo es suficiente”, aclaró el comisario.
EFECTO PANDEMIA. “Los chicos y chicas vinieron con mucha carga emocional después de los dos años de encierro”, concluye la directora pedagógica de la Escuela de Comercio Nº 1, Elba Gaona. Es su respuesta a la creciente ola de violencia escolar. En la institución se realizaron varias charlas de prevención del abuso sexual y violencia a cargo de la Codeni.
La educadora indicó que ellos mismos solicitaron este tipo de charlas, que son necesarias más allá de lo que dicta la malla curricular.
Se detectaron 210 casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, desde febrero a mayo en las instituciones escolares.Los chicos y chicas vinieron con mucha carga emocional después de los dos años de encierro. Pedimos las charlas. Elba Gaona, directora pedagógica.
Quizás por la inexperiencia que tenemos ante estos nuevos casos, puede que cometamos errores. Diosnel Alarcón, comisario de Informática.
