Preocupación. Es la palabra que pronuncia la viceministra de Educación Básica, Alcira Sosa, cuando habla de que en este 2021 registran oficialmente la deserción de 243.000 estudiantes, de un total de 1.449.130 que estaban matriculados en 2020, según datos del Registro Único del Estudiante (RUE).
Unos 103.000 niños y niñas de 12 a 14 años “están fuera de las aulas”. Se trata de chicos que deben estar cursando el séptimo, octavo y noveno grados. Otros 140.000 jóvenes de 15 a 18 años no están en la secundaria en este segundo año en pandemia por el Covid-19.
El último dato que brindaron desde la cartera estatal a principios del año en curso es que alrededor de 18.000 escolares quedaron excluidos del sistema educativo.
“Son algunos números que pueden generar preocupación y que se suman al gran desafío que tenemos de plantear la Transformación Educativa, donde que estén solamente en aulas ya no es suficiente, sino que tiene que darse la calidad”, manifestó la alta funcionaria.
Mientras se centran en cerrar el borrador del plan de Transformación, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no cuenta actualmente con un proyecto para que estos chicos y chicas vuelvan a sus instituciones educativas en el siguiente año lectivo.
El sector rural mantiene una brecha más amplia de exclusión con respecto a las zonas urbanas.
Sin muebles. En cuanto a las necesidades de infraestructura escolar y de equipamientos, las falencias llegan a niveles altos: Son 441.124 los estudiantes que requieren de sillas en las escuelas públicas de todo el territorio, según datos recientemente divulgados.
Y se requieren más de 392.000 mesas para los alumnos en las 8.500 instituciones educativas del sector público registradas por el ministerio.
Solo en concepto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), municipios recibieron G. 2 billones del 2012 al 2020 para la adquisición de mobiliario, construcción o reparación de aulas y para programas de alimentación escolar, según el Observatorio Educativo Ciudadano.
Cambios. Para promover mejores intervenciones con el Fonacide, desde el Estado se plantea cambios en la ley del Fonacide. “Esta normativa así como está castiga a los estudiantes y no a los responsables, que son individuales, no se puede dejar sin fondo a los niños”, manifestó Mario Florenciañez, director de Rendiciones de Cuentas del Fonacide de la Contraloría.
Para Óscar Charotti, de Juntos por la Educación también debe revisarse la distribución de los recursos de acuerdo a necesidades educativas.
La ley del Fonacide hoy afecta a los estudiantes y no a los responsables de no cumplir con el uso de recursos. Mario Florenciáñez, director de la CGR.
