Finalmente, autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dieron a conocer al menos el listado de las siete personas registradas como fallecidas, pero que de alguna manera alguien sigue cobrando salarios con los rubros docentes que les pertenecían. Los 7 identificados como difuntos por la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de la cartera murieron entre el 2015 y febrero de este año, según registros. Ayer se presentó denuncia penal ante el Ministerio Público.
El ministro de Educación, Eduardo Petta, y el director general de la unidad Anticorrupción, José Casañas Levi, indicaron que darán a conocer el listado de los 1.200 planilleros recién tras corroborar los datos con todos los registros posibles, como la Justicia Electoral y las instituciones educativas donde figuran los rubros de clase.
“No tenemos certeza de quién estaría cobrando por los fallecidos, podrían ser hasta los mismos parientes”, comentó Casañas Levi.
La campaña de caza de rubros del Ministerio, muy parecida a la iniciada en el 2013 por Marta Lafuente, tuvo eco en la sesión del Senado de ayer, donde el ex ministro Enrique Riera despotricó contra la iniciativa. La calificó de persecución a los colorados.
Riera había instado a todos los docentes del país a que voten por Santiago Peña en plena campaña interna de la ANR el año pasado. Durante la gestión de Riera se dieron igualmente un aluvión de denuncias por presuntos vitos de estos rubros.
Investigación. Casañas Levi, por su parte, no quiso responder al parlamentario. Recordó que la investigación sigue en curso. Además, encontraron 25 intendentes electos que cuentan con estos rubros de aula, pero que darán a conocer una vez que realicen las verificaciones y se denuncien los casos ante el Ministerio Público. Entre los sumariados está nuevamente la diputada colorada por Alto Paraná Blanca Vargas de Caballero, quien ya pasó por este procedimiento en el 2016 durante la era de Lafuente.
Riera intentó minimizar el hecho al indicar que la denuncia que afectó a la parlamentaria sería por una diferencia con la ex ministra del MEC. Esto lo dijo días atrás en contacto con Ñandutí.
Al respecto, Casañas ratificó que la diputada deberá defenderse con documentos, para demostrar que realmente sigue siendo maestra. Sobre el presunto plagio de textos en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Casañas expresó que la respuesta del instituto “resultó insatisfactoria”.
