Zulma Morales, la directora de Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), indicó a Monumental 1080 AM que la recomendación es que en 15 días los estudiantes puedan volver normalmente al colegio privado de Lambaré.
“La recomendación de este plan de mejora es que los chicos puedan volver en 15 días. Iniciando el mes de junio tendríamos que tener todas las condiciones listas para que los estudiantes estén en aulas”, detalló la interventora.
Este lunes solo tienen clases presenciales los niños y niñas del nivel inicial.
Semanas atrás, el primer caso de abuso sexual fue denunciado y tuvo como víctima a un estudiante de 6 años. El abuso se habría producido el pasado 26 de abril y los supuestos autores tienen entre 12 y 13 años.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppPoco después, la Fiscalía dio a conocer que había otra víctima de abuso sexual y que se trata de un niño de 7 años, cuyo caso ocurrió antes que el primero que tomó estado público.
Morales explicó que ya establecieron líneas de cumplimiento obligatorio y que el colegio ya comenzó el proceso de ajustes de todos los requerimientos del equipo interventor. También sostuvo que seguirán acompañando a la institución.
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“Vamos a seguir acompañando al colegio como para que se puedan pasar algunas dificultades que detectamos como Ministerio de Educación”, aseveró e indicó que están dialogando para la contratación de más celadores, con el fin de ubicarlos a la entrada de los sanitarios.
Instalación de casi 200 cámaras
Pedro Wilson Marinoni, abogado y padre de familia del colegio intervenido, resaltó en contacto con la misma emisora, el trabajo que realizó el MEC y dijo que se están instalando ya casi 200 cámaras en la institución.
“Se están haciendo muchos cambios, de 14 cámaras que se tenían, hoy se están instalando ya casi 200 cámaras. Nosotros no estamos en contra de la institución”, subrayó y dejó en claro que no están en contra de la institución, pero sí quieren que se cumpla con todo lo pautado.
Tras todo lo sucedido, la directora de la institución educativa fue imputada por violación del deber del cuidado, frustración de la persecución y ejecución penal, y violación de la Ley 6202, que adopta normas para la prevención del abuso sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.
La institución se vio obligada a nombrar a otra docente para estar al frente del colegio. La educadora fue directora de otros colegios del mismo grupo en Latinoamérica.
