En ese sentido, el documento establece que lo producido por las tasas judiciales, luego de ser deducido el costo de las recaudaciones, que será calculado en un 1%, y el 2%, para el financiamiento de las indemnizaciones debidas por el Estado en caso de perjuicios causados en el marco de su función jurisdiccional, será distribuido en un 75 por ciento para la Corte Suprema de Justicia. El dinero será para el financiamiento de los programas y subprogramas presupuestarios de la citada institución.
El 15 por ciento será del Ministerio Público, más un 5 ciento de reposición de fondos por parte del Ministerio de Hacienda de fuente 10. Será utilizado para financiar programas presupuestarios de acción e inversión.
El 10 por ciento restante irá al Ministerio de Justicia, que lo destinará a programas de acción y de inversión física, para la construcción y mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de la República.
El diputado colorado Éber Ovelar fue uno de los legisladores que se manifestaron a favor de la iniciativa y festejó el hecho de que se le devuelva al Ministerio Público el porcentaje correspondiente.
Señaló que espera que el Ministerio de Hacienda cumpla con su deber institucional. “Hoy tenemos una Fiscalía que se está levantando de ese letargo, de ese terrible descrédito que ha tenido en la administración pasada; hoy tenemos una nueva fiscala general del Estado que está mirando decididamente en planes de actuación tan importantes como la Unidad de Delitos Económicos, la Unidad de Trata de Personas y otras unidades emblemáticas de esta institución”, puntualizó.
El proyecto de ley enviado por el Poder Judicial, en principio, pretendía que la Corte se quedara con el 100 por ciento de los recursos provenientes de las tasas judiciales.
Esta situación generó que en varias oportunidades la fiscala Sandra Quiñónez visite a los diputados, al igual que representantes de la Corte. El proyecto generó manifestaciones tanto de funcionarios fiscales como judiciales.
