Abandonando toda sutileza y diplomacia, las hijas de Óscar Denis Sánchez, ex vicepresidente de la República, responsabilizaron directamente al actual gobierno del presidente Mario Abdo Benítez de no producir ningún resultado que pueda ayudar a la suerte de los secuestrados.
“Son 100 días sin respuesta o señal alguna por parte de quienes llevaron a papá. Asimismo, son 100 días sin resultado alguno en las operaciones que el Estado paraguayo ha realizado y sin respuesta a varios requerimientos. Constatamos que no se ha hecho una campaña de comunicación masiva para captar información sobre la situación de los secuestrados. La falta de información aumenta nuestra incertidumbre y angustia. La carencia de resultados nos hace dudar de que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) esté dotada de los recursos necesarios para realizar sus tareas. Estas falencias nos hacen sentir la falta de compromiso por parte de su Gobierno, señor presidente, con el deber de proteger a los paraguayos y garantizar su libertad, tal como lo establece la Constitución Nacional”, indicaron.
Concretamente, reclamaron al primer mandatario que pida oficialmente la intermediación de la Cruz Roja para intentar la recuperación de los retenidos. “Directivos de la Cruz Roja nos han manifestado que podría actuar como mediadora o facilitadora para buscar la libertad de los secuestrados, brindando un servicio humanitario a los mismos y a sus familias. Dijeron que estaban dispuestos a cooperar, para lo cual únicamente necesitarían una solicitud del Gobierno paraguayo. La familia ya lo ha hecho hace meses, pero aún no hay respuesta oficial ante esta alternativa más para que vuelvan los tres”, indicaron las hijas de Denis.
El reclamo pone en mayores aprietos al Gobierno. Hacer oficialmente un pedido de intermediación, implicaría otorgarle un estatus de fuerza beligerante al EPP, algo a lo que las fuerzas estatales no quieren acceder. El grupo criminal armado viene solicitando esta figura desde hace años, lo cual le permitiría acogerse a algunas convenciones internacionales que otorgan derechos a las partes de un conflicto armado.
Es comprensible que el Gobierno no acceda a otorgar estatus alguno a grupos armados a los que considera como criminales terroristas. Sin embargo —tal como acusan las hijas de Óscar Denis y los familiares de los demás secuestrados—, no mostrar resultados sobre estos casos implica que “el Estado sigue tolerando que un grupo exponga la falta de garantías de libertad en nuestro país, a pesar de que la Constitución Nacional la enuncia y establece. Continúa aceptando que la vida de sus ciudadanos sean objeto de trueque”.
Al Gobierno no le quedan muchas opciones. Tal como ha ocurrido en otros países, la acción humanitaria de la Cruz Roja podría ser una ayuda valiosa para resolver los casos de los compatriotas privados ilegalmente de su libertad.
