Los aviones de la Fuerza Aérea chilena bombardeando su propio palacio presidencial; el estremecedor discurso radial de despedida de Allende y su inmolación, luego de pedir a sus colaboradores que salven sus vidas, diseñaron una simbología tan épica como trágica.
Allende, con poco menos de mil días en la presidencia, decide matarse y hace perenne el recuerdo de lo que representó. Ese gesto final agigantó su leyenda y complicó la valoración objetiva de su gestión. La historia paraguaya conoció el mismo problema: Imposible juzgar a Francisco Solano López, excluyendo su heroico último día de vida.
La violencia que siguió fue la expresión de la polarización política que vivía la sociedad chilena. Allende había escrito una página insólita en plena Guerra Fría. Un marxista llegaba a través de elecciones a la Presidencia, como candidato de una coalición de izquierda que proponía una revolución “con sabor a empanadas y vino tinto”. La “vía chilena” pretendía lograr grandes transformaciones sociales sin recurrir a la lucha armada.
Por el camino hubo errores y sectores que despreciaban la democracia representativa, pero, sobre todo, una ola contraria inmensa en grupos de la derecha que percibieron su arribo al poder como una amenaza a sus privilegios. El poder oligárquico y reaccionario, aliado al capital extranjero, sobre todo norteamericano, utilizó todos los medios a su alcance para boicotear al gobierno e incitar a las Fuerzas Armadas a interrumpirlo.
La violencia desplegada después superó lo imaginable. Apresamientos masivos a lo largo de todo Chile de políticos, sindicalistas, estudiantes, dirigentes campesinos y populares hicieron que miles de personas buscaran asilo en embajadas. La dictadura de Augusto Pinochet dejó más de 3.000 ejecutados en múltiples centros clandestinos de detención, a los que hay que sumar otros 1.162 desaparecidos cuyo paradero continúa desconocido.
Decenas de miles de chilenos partieron al exilio, escapando de la barbarie. Para ubicarlos, Pinochet encargó a su jefe de Inteligencia, Manuel Contreras, que ideara un plan de cooperación represiva con todos los ejércitos del Cono Sur. Fue el Plan Cóndor, creado en Santiago, a fines de 1975. Sería una suerte de Mercosur del terror, que dejaría un número incalculable de víctimas en toda la región.
Chile tuvo sus informes oficiales sobre la violencia de Estado: Las Comisiones Rettig y Valech. Hubo reparaciones, castigos y pedido de perdón. Pinochet fue arrestado, aunque en Londres, por el juez español Baltasar Garzón y no por la justicia chilena. Pero, a medio siglo de uno de los acontecimientos más dolorosos de su historia y más de treinta de vida democrática, los sectores confrontados están lejos de poder debatir con serenidad las causas del golpe de 1973. A la izquierda le cuesta asumir los errores cometidos por la Unidad Popular y a la derecha denunciar lo que ocurrió después. La prueba está en el rechazo por parte de los partidos de derecha a la reciente iniciativa del presidente Boric de suscribir un acuerdo transversal sobre el respeto a la democracia.
El 70% de los chilenos no había nacido cuando aquellos acontecimientos ocurrieron, pero la brecha creada entonces persiste hasta hoy. La ex presidenta Bachelet escribió recientemente que 1973 fue el “resultado del fracaso de la política, de su capitulación frente a la violencia, de la clausura del diálogo para encarar la crisis”. Un golpe de Estado no debe ser una opción de los países para resolver sus diferencias. Las brutales imágenes del bombardeo a La Moneda deberían revitalizar la convicción de defender la democracia como sistema de gobierno y los derechos humanos como consenso básico de toda sociedad.
