El acceso a la seguridad social por parte de una persona no disminuye la cantidad o calidad del servicio disponible para otros, lo cual significa que puede ser consumida simultáneamente por múltiples personas sin que se agote o degrade. Esta es otra condición que la acerca al concepto de bien público.
Pero además de la consideración anterior, la seguridad social genera beneficios indirectos para toda la sociedad, no solo para los individuos que reciben los servicios. Un sistema de pensiones efectivo reduce la pobreza entre los ancianos, lo cual puede disminuir la carga sobre otros servicios sociales. La protección financiera a la enfermedad incentiva el ahorro, reduce la aversión a tomar créditos y favorece la ampliación de los emprendimientos económicos, ya que disminuye la incertidumbre. Esto es lo que la teoría económica llama externalidad positiva.
El financiamiento mixto de la seguridad social es el reflejo de un contrato social basado en relaciones solidarias entre quienes están sanos o quienes se enferman más, entre jóvenes que aportan y personas mayores que cobran, entre aportantes de mayores niveles de ingresos y de menores niveles de ingresos.
Uno de los principales mecanismos de reducción de las desigualdades es la seguridad social, así como de la consolidación de la clase media, ya que protege de shocks inesperados y de caídas en la pobreza debido a la falta de un ingreso, a un evento de salud o a la pérdida de empleo.
El mejor ejemplo fue la pandemia. En el mundo entero y, sobre todo, en los países desarrollados, las medidas de apoyo se realizaron a través de la seguridad social. En estos países la recuperación económica fue alta y más rápida. Actualmente, casi todos esos países han vuelto a los niveles de bienestar anteriores a la pandemia.
En contraposición a este resultado se encuentra Paraguay entre los países peor ubicados. Al no contar con instrumentos suficientes y cubrir a una población reducida la retracción económica fue importante, en algunas variables con retrocesos de una década y, en la mayoría de los países, todavía no se logró una recuperación plena.
Es vergonzoso que sus propias autoridades no tengan cabal conocimiento de lo que es la seguridad social y de sus efectos positivos en el crecimiento económico y el desarrollo. Considerar al IPS como una empresa evidencia el desconocimiento de principios básicos de la seguridad social y de la propia Constitución.
Tampoco es coherente con la solución que plantean. Si fuese una empresa, lo primero que generaría preocupación es el déficit originado en los altos niveles de ineficiencia y corrupción continuamente denunciados a través de los organismos de control relacionados con las contrataciones públicas.
Las reformas que pretende implementar ponen todo el esfuerzo de mejorar las condiciones en los trabajadores y no en mejorar sustanciales en la eficiencia de los servicios. Estas autoridades deberían renunciar y dar paso a otras que busquen soluciones de fondo y no trasladen las consecuencias de su pésima gestión a los trabajadores y sus familias.
