El hallazgo de los archivos de la Policía política de Alfredo Stroessner fue un parteaguas; representa un antes y un después en la transición a la democracia iniciada en 1989.
Hasta ese momento, el solitario testimonio de las miles de víctimas de torturas se contraponía al discurso que negaba las violaciones de derechos humanos durante el régimen stronista en el Paraguay. A partir del 22 de diciembre de 1992 ya fue imposible negar las detenciones arbitrarias, persecuciones y torturas. El acervo del Archivo del Terror no solo nos abrió los ojos, sino que también ayudó a que fuera posible un poco de justicia.
Veintiséis años después de su hallazgo, el archivo está depositado en el edificio del Palacio de Justicia y su acervo forma parte del Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos.
Rosa Palau, coordinadora del Museo de la Justicia, comenzó a trabajar en el archivo apenas unos días después de que este fuera hallado. “Desde entonces no me separé del archivo”, comenta. Licenciada en Matemáticas por la Universidad Católica, fue docente en instituciones educativas por más de 15 años.
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Rosa es probablemente la persona que mejor conoce este archivo, en el que se guardan unas tres toneladas de documentos, muchos de los cuales dan cuenta de manera bastante explícita del seguimiento y la vigilancia a la que estaba sometida la sociedad paraguaya durante los años de la dictadura.
Todo quedaba registrado en el archivo de la Policía: reuniones, manifestaciones, paneles, publicaciones, asambleas estudiantiles y gremiales, homilías de misas, listas de socios de entidades empresariales e incluso se llevaba un riguroso control de los compradores de mimeógrafos y fotocopiadoras.
Una de las imágenes más memorables del hallazgo del archivo es la cadena humana para trasladar los documentos hasta los camiones que transportarían los documentos. Doce horas se necesitaron para trasladar los papeles hasta la secretaría de un juzgado en el Palacio de Justicia.
Un gran desafío, así recuerda Rosa Palau la labor de ordenar los papeles. Pero reconoce que en un momento dado se percataron del sistema que se había utilizado para organizar toda la documentación, “había un sistema de archivo y había información cruzada, o sea que era fácil con una fichita ir ubicando las cosas, es un sistema manual, entonces lo que hicimos fue construir el archivo de la Policía en un nuevo lugar. No hemos tocado papeles, no hemos desordenado, sino más bien seguimos ese proceso de la Policía”. Sobre la identidad del archivista, Rosa dice desconocer, excepto que se presume que era una mujer, “en los 70 había una encargada del archivo, pero esta persona vino a continuar lo que antes se había iniciado”.
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El expediente más antiguo del Archivo del Terror data de 1927, y el menos antiguo es de octubre de 1992. Y esto es interesante, explica Rosa Palau, que el “92 tiene varios hitos históricos: En mayo de 1992 se dicta la primera sentencia por violación de derechos humanos, en el caso de Schaerer Prono; en junio se promulga la Constitución democrática; en setiembre, Martín Almada presenta su pedido de habeas data, y en diciembre se encuentran los archivos.
Sigue explicando Palau que cuando se presentó el pedido de habeas data de Almada, el juez distribuye ese pedido a todas las instituciones públicas, a ver si existía información sobre el ciudadano. Y resulta que esos pedidos que había hecho el juez de la causa estaban archivados en el Archivo del Terror. “Evidentemente este archivo no desapareció en 1989, siguió funcionando”, afirma Palau.
Sin lugar a duda lo más valioso del acervo son los informes de la Policía, las fichas, las listas de detenidos y otros documentos de la Policía con detalles de la represión, archivados por los propios policías durante más de cuarenta años... Entre los materiales confiscados por la Policía hay cartas personales, fotos, panfletos, libros, recortes de diarios, revistas estudiantiles, panfletos, afiches y publicaciones culturales y de la Iglesia.
En el Museo de la Justicia se conservan aproximadamente 700.000 folios, entre ellos, 600 libros encuadernados que están clasificados con números y letras, que contienen información sobre entrada y salida de presos, notas al jefe de Investigaciones, informes de vigilancia domiciliaria de opositores, declaraciones de los detenidos, lista de recluidos en cuarteles, control de partidos políticos, control de centros de estudiantes y control de sindicatos, entre otros.
Hay también un total de 11.225 fichas de detenidos del Departamento de Investigaciones, sección Técnica y Departamento Judicial. Hay 1.888 cédulas de identidad y pasaportes, alrededor de 20.000 fotografías de detenidos, de actos políticos, acontecimientos sociales y álbumes de fotos familiares robadas en los allanamientos de la Policía. Asimismo, el archivo conserva unos 1.500 libros con los que se conforma una verdadera biblioteca con los libros que fueron incautados de los allanamientos.
Para muchos paraguayos que sufrieron en carne propia persecución, tortura y exilio durante la dictadura, el Archivo del Terror adquiere una particular importancia, pues para muchos de ellos, estos documentos de la Policía stronista representaron una posibilidad concreta de probar las violaciones a sus derechos, sus arbitrarias detenciones, persecución y torturas.
Como ejemplo, no se puede dejar de recordar un caso, que para el Paraguay es emblemático: el de los hermanos Ramírez Villalba.
Los hermanos Benjamín y Carlos Ramírez Villalba, así como Amílcar Oviedo y Carlos Mancuello, habían integrado un grupo que intentó sin éxito un atentado en contra de Alfredo Stroessner. Estos fueron detenidos en 1974 y llevados al Departamento de Investigaciones. En 1976 desaparecieron. Gracias al Archivo fue posible saber exactamente lo que sucedió con estos detenidos. Benjamín y Carlos Ramírez Villalba, Amílcar Oviedo y Carlos Mancuello fueron asesinados el 21 de setiembre de 1976. El libro de novedades de la guardia decía que ese día los presos se habían fugado. Sus cuerpos nunca fueron hallados. En el año 2006 la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado paraguayo a indemnizar a los familiares de los desaparecidos.
El régimen de Stroessner dejó una secuela de 425 desaparecidos, detuvo ilegal y arbitrariamente a casi 20.000 personas y forzó el exilio de más de 20.814 paraguayos, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia. Desde 1995, por Ley No 561, el 22 de diciembre, día del descubrimiento del Archivo, fue declarado como Día de la Dignidad Nacional.
Última Hora recuerda este acontecimiento en su revista especial publicada el 8 de octubre por su aniversario 45.
