El incendio del Supermercado Ycuá Bolaños, el 1 de agosto de 2004, es una de las mayores tragedias en el Paraguay en su historia contemporánea. Aquel siniestro causó la muerte directa de unas 400 personas, 100 eran niños; hubo más de 500 heridos, 206 niños quedaron huérfanos. Y todavía, veinte años después, 6 personas continúan desaparecidas. La catástrofe conmocionó a todo un país que llegó a conocer bien los rostros y nombres de las víctimas, pero la corta lista de responsables del desastre se ha ido desvaneciendo con el paso del tiempo.
Las víctimas directas y sus familiares, además del dolor físico que les han dejado las secuelas del incendio, han tenido que sobrellevar a lo largo de los años la indiferencia de las instituciones, la Justicia es una de ellas, y su ausencia hizo más difícil cerrar el proceso de duelo, pues solo a partir de la justicia las personas pueden proyectar su vida e intentar superar el desconsuelo y el trauma de haber sobrevivido a una catástrofe, que en el Paraguay, era una catástrofe anunciada.
En el 2004, quedó demostrada la debilidad de la Municipalidad de Asunción para realizar controles a las estructuras edilicias. Las pericias técnicas demostraron durante el juicio varias irregularidades en las instalaciones del Ycuá Bolaños, irregularidades que convirtieron a este centro de compras en “una trampa mortal”. Veinte años después, es necesario preguntarnos qué ha cambiado a nivel institucional.
Si no aprendemos de nuestras tragedias, estamos condenados a repetirlas. Esta es quizás la gran deuda que acumula el país tras el Ycuá Bolaños: Se modificaron ordenanzas, reglamentos y otras normativas, ¿pero son realmente seguras las construcciones en la capital? ¿Las fiscalizaciones de las construcciones mejoraron, pero son suficientes? ¿Y en el resto del país? Estas son las preguntas que la ciudadanía y la prensa no deben dejar de plantear a nuestras autoridades. El dolor que todo el país sintió con el Ycuá Bolaños nos obliga a hacerlas.
Respecto a aquel 1 de agosto, la Justicia ha encontrado culpables de homicidio con dolo eventual a uno de los propietarios del supermercado, pero en el Paraguay también nuestras autoridades son solidariamente responsables, por una extensa lista de omisiones: La Municipalidad por la falta de controles y el Estado por no tener planes para enfrentar contingencias; por la falta de hospitales, de medicinas, de ambulancias e insumos y de apoyo a la labor de los bomberos.
La sociedad civil debe aprender a exigir a las autoridades para que cumplan con la obligación de garantizar la seguridad de las personas en los lugares públicos.
El peso de la construcción y preservación de la memoria ha recaído en los sobrevivientes, son estos, las víctimas y sus familias quienes han sostenido a lo largo de los años la consigna de no olvidar y aprender de los errores para no repetir la misma historia.
A 20 años de la tragedia del Ycuá Bolaños, los paraguayos debemos renovar el compromiso de seguir apoyando a las víctimas y demandar como sociedad a las autoridades el derecho de tener calidad de vida, el derecho de vivir con bienestar y seguridad.
