Cuando sobrevino la tragedia, Norma Benítez tenía 33 años y había cumplido 15 años de relación con Néstor Velázquez, que por entonces tenía 36 años; estaban juntos desde 1991 y habían tenido cuatro hijos: Matías, Juan José, Martín y Brenda.
Néstor se encargaba del sustento de la familia trabajando como taxista incansablemente todos los días, incluso los domingos. Pero en la mañana de ese domingo 1 de agosto, decidió pasar el tiempo con la familia y cocinar un asado en la casa de su suegro para aprovechar el día con sus seres queridos.
Pasadas las 09:00, esa mañana salió en su taxi, con su esposa e hijos como pasajeros, de la casa que compartían en el barrio Campo Grande de Asunción. Se dirigieron a Zeballos Cué, a la casa de los padres de Norma. Dos de sus hijos quedaron con los abuelos, mientras que los más pequeños siguieron el viaje con sus padres en busca de una pata de cerdo para poner a la parrilla.
Llegaron primero a una carnicería y no tuvieron éxito; luego fueron al supermercado La Bomba, pero decidieron no entrar debido a la inmensa cantidad de gente.
Néstor manejó su taxi sobre la avenida Artigas, ya casi convencido de ir a la casa de su suegro con las manos vacías. Sin embargo, miró a su costado la moderna fachada del supermercado Ycuá Bolaños Botánico y maniobró el vehículo para entrar al estacionamiento.
Salió del auto a las apuradas y dejó allí a Norma, sentada en el asiento del acompañante con la pequeña Brenda, que había cumplido su primer año de edad, en sus brazos. Martín, de seis años, jugaba en el asiento de atrás.
Norma sintió palpitaciones y una rara sensación se apoderó de ella, tanto que la llevó a tomar una decisión que hasta hoy, 20 años después, sigue sin tener una explicación.
“Le dije a mi hijo que se quede en el auto, mientras yo subí al súper. Tenía que ver cómo estaba mi marido, algo me inquietaba por dentro, es como si una voz me dijera que debía ir a ver a mi marido”, relata mientras, 20 años después, hurga en los recuerdos que le quedan de ese día que la marcó para siempre.
Con su pequeña hija en brazos, subió las escaleras hasta entrar por la puerta que conducía al salón principal de ventas, a la zona de las cajas, pasando la mirada ante cientos de rostros hasta encontrar el de Néstor; se tranquilizó al verlo parado frente a la caja 11, esperando el momento de pagar.
Cuando se miraron, él se asustó y le preguntó si estaba todo bien; ella respondió que sí, que solo lo quería ver.
En ese momento, Norma escuchó un fuerte ruido que venía de arriba y miró hacia el techo. Vio cómo el cielorraso se abría y salían llamas parecidas a lenguas de fuego, generando un griterío ensordecedor. Apretó contra su pecho a la pequeña Brenda y corrió junto a su marido buscando una salida.
Se apagó la luz, todo era oscuridad, y Norma sintió una gran confusión. Se llenó de humo el ambiente y ya no pudo ver lo que pasaba a su alrededor. Palpó a Brenda, que ya no lloraba, y gritó con fuerza el nombre de su marido. En minutos, ese lugar se convirtió en un infierno del que pensaba que ya no iba a poder salir.
Al sentir el fuerte ruido, Martín, que había recibido la orden de no salir del auto de su papá, logró destrabar la puerta y salió caminando del estacionamiento, cruzó la avenida Santísima Trinidad y pidió ayuda a los playeros de una estación de servicio.
“Mi mamá, mi papá y mi hermanita están dentro del supermercado que se está incendiando. Van a morir todos”, les dijo a los playeros, según el relato de Norma. Martín miró hacia el supermercado y vio que el gigantesco edificio ardía en llamas. Él estaba a salvo, pero sus padres estaban adentro.
“Mi mamá, mi papá y mi hermanita están dentro del supermercado que se está incendiando. Van a morir todos”
Norma se acordó del hijo que dejó en el auto; tuvo un impulso de salir a buscarlo, pero no pudo moverse: cientos de cadáveres le cerraban el paso y una densa humareda cubría todo el ambiente.
“Cerré los ojos, cubrí a mi hija y buscaba con la mano a mi marido. Lo encontré, él estaba vivo pero aturdido, sin saber dónde estaba. En eso veo un hilo de luz en medio de la oscuridad. Los bomberos abrieron un boquete y había una posibilidad de salir de allí con vida”, recuerda la mujer.
Movida por el instinto de supervivencia, puso a la pequeña Brenda en brazos de su padre y trató de llevarlos a rastras hacia la salida. Pasado el tiempo, hasta hoy no se explica de dónde sacó fuerzas para mover a su pareja, un hombre corpulento.
El esfuerzo valió la pena, porque bomberos lograron rescatarlos y salieron a la calle. Papá, mamá e hija estaban con vida. Fueron llevados al Centro de Emergencias Médicas. Los tres inhalaron mucho humo y tenían los pulmones comprometidos.
Norma tenía quemaduras de tercer grado en el rostro y en la mano. La niña, una de las sobrevivientes más jóvenes del gran incendio, también sufrió quemaduras, pero se encontraba fuera de peligro.
En otra sala de internados, Néstor Velázquez hablaba maravillas de su esposa, contaba orgulloso a los enfermeros la hazaña de la mujer que logró sacarlo de ese lugar que ardía en llamas.
Pero su salud fue empeorando y falleció nueve días después del trágico suceso.
En el supermercado inhaló monóxido de carbono, cianuro y ácido clorhídrico que hicieron estragos en su cuerpo.
Norma hoy tiene 53 años, es viuda; sus hijos ya son mayores de edad y cuenta orgullosa que es abuela de dos nietos. Se considera dos veces sobreviviente del incendio del supermercado Ycuá Bolaños; en una de las tragedias, logró salvar su vida a pesar de que —como ella dice— le cerraron las puertas.
Médicos chilenos que llegaron para colaborar con el Gobierno paraguayo tras la tragedia le realizaron una intervención quirúrgica que permitió que su rostro no quede desfigurado por las quemaduras. No obstante, quedó con dificultades para respirar y con el dolor, además de la impotencia de haber perdido a su marido pese al esfuerzo que hizo para salvarlo.
Norma también se siente víctima del sistema judicial, del que está decepcionada porque no puede brindarle la reparación por los daños que recibió. “Perdí a mi marido, ya no me van a devolver su vida, pero en algo nos hubieran ayudado, sentimos que también la Justicia nos cerró las puertas”, reflexiona la mujer.
Su nombre está incluido en las 178 demandas de indemnización por el monto de G. 450.000 millones que presentaron las víctimas en el fuero civil. Ese dinero debía ser pagado por Juan Pío Paiva, dueño del supermercado, y los demás accionistas del comercio.
La utopía de una reparación e indemnización
El abogado Édgar Vázquez, que representó a un grupo de víctimas en esta cruzada judicial, explica que se abrieron dos caminos en busca de la reparación y el cobro de una indemnización. Uno de ellos se dio en el ámbito penal, a través de una querella adhesiva en la causa abierta por homicidio doloso de 327 personas; y otro, en el campo civil, con demandas por daños y perjuicios y trámites para el cobro de dinero.
Sin embargo, el 17 de febrero de 2010, una sentencia judicial declaró la prescripción de 110 demandas presentadas en el ámbito civil por prescripción y caducidad. La decisión fue ratificada por los camaristas Linneo Ynsfrán, Carmelo Castiglioni y Valentina Núñez, argumentando que el hecho ocurrió el 1 de agosto de 2004 y que los abogados tenían hasta el 1 de agosto de 2006 para accionar, pero presentaron los documentos después de esa fecha.
Alcides Ramón Giménez, otro de los sobrevivientes de la tragedia junto a su esposa y su hija de 1 año, ya perdió la esperanza de ganar esta batalla contra la burocracia por el cobro de una indemnización que pueda reparar en algo todo el daño sufrido.
Para Alcides, ya llegó la resignación y habla del tema como una causa perdida, sintiendo que los que deben impartir justicia le cerraron la puerta.
“Nuestra demanda supuestamente caducó y nuestro abogado dejó todo a la deriva, y por eso no pudimos acceder a este beneficio. Somos ocho víctimas las que quedamos en esa situación. Nuestros expedientes caducaron, pero en el Poder Judicial es muy difícil si uno no tiene recursos”, se queja.
“Hace 20 años que estoy esperando un resarcimiento”, dice, a su vez, Luis Cardozo, a quien el incendio le pilló mientras estaba trabajando en la carnicería del supermercado. Él también recurrió al fuero civil para realizar una demanda por reparación del daño pero, como la mayoría de los demandantes, perdió.
“Hace 20 años que estoy esperando
un resarcimiento”
El hombre sostiene que al principio sintió la solidaridad de la gente, hecho que se fue diluyendo con los años, según su visión de las hechos.
“Reventamos con nuestro pedido, nos quedamos a dormir fuera del Palacio de Justicia, pero no hubo caso. A veces, siento que nos tratan como mendigos por reclamar lo que nos corresponde”, expresa con la voz quebrada por la impotencia.
Un alivio en medio de la batalla judicial
El 20 de abril de 2010, el Congreso Nacional decidió indemnizar a 327 personas, entre ellas, sobrevivientes y víctimas fatales del siniestro. La ley fue promulgada por el gobierno de Fernando Lugo.
Por cada fallecido, el Estado abonó la suma de G. 160 millones. Mientras que por cada lesionado grave se destinaron G. 115 millones; y por cada lesionado leve, G. 57 millones.
Luis Cardozo se muestra agradecido por haber cobrado ese dinero que fue destinado a la recuperación de su salud.
“El dinero lo cobré en dos cuotas, pero se fue todo en tratamientos médicos; me quedé con varios problemas respiratorios y también tuve que realizar tratamiento sicológico por varios años”, relata.
La sentencia dispareja en el ámbito penal
En el ámbito penal, tras la condena de los principales accionistas del centro comercial, se presentaron querellas adhesivas. Los demandantes, en algunos casos, pudieron recibir un resarcimiento económico.
En febrero de 2008, tras el segundo juicio oral que se realizó por la tragedia, el abogado Ricardo Lataza, que representaba legalmente a las víctimas y sus familiares, anunció que 259 afectados acordaron civilmente con la Sociedad Ycuá Bolaños para cobrar una indemnización de G. 60 millones cada uno.
Lataza, en ese momento, asesoraba a 119 personas, de las cuales 18 no aceptaron el acuerdo extrajudicial que se realizó en una reunión entre los abogados de las víctimas y los que defendían a los accionistas del centro comercial.
Un total de G. 21.813 millones de la sociedad Ycuá fueron depositados en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF) a favor de las víctimas. Por orden de la jueza Myriam Villamayor, se dictó sentencia para el pago a los afectados, que tuvieron que librar otra dura lucha para hacer efectivo el cobro.
Sobre lo resuelto, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez Rolón dispuso que fueran indemnizadas 30 personas por casi G. 15.000 millones, llevándose cerca del 80% del capital, dejando fuera de la indemnización a cientos de víctimas.
Para el año 2022, quedaban G. 8.200 millones del dinero depositado para las reparaciones. El ministro Rolón, entonces, sugirió prorratear el monto entre los demandantes que aún no pudieron acceder al resarcimiento económico.
Una ayuda simbólica que llega a medias, cada tanto
Los sobrevivientes y sus familiares reciben una ayuda por parte de la Municipalidad de Asunción que consiste en paquetes de arroz, harina, azúcar, coquito, aceite y otros productos, que deben ser entregados dos veces al mes, pero tampoco se cumple periódicamente.
“Ayuda mucho, pero no tiene una constancia. A veces, nos dan cada tres meses o cada cinco meses”, señala Alcides Giménez.
Luis Cardozo reconoce que es una migaja lo que reciben por parte de la Comuna, por lo cual también debe luchar cada mes. “No es lo mejor que hay, pero es lo que te salva”, reconoce.
Las víctimas aseguran que muchas veces van a la oficina correspondiente y no encuentran los productos. “No es el problema de la gente que organiza, sino de la Municipalidad que nos bicicletea”, añade.
Ante esa situación, Ana María Morel, directora del Área Social de la Municipalidad de Asunción, justifica el atraso de los víveres asegurando que tuvieron problemas con la licitación de los productos, por lo que la provisión de los kits se retrasó por un año.
No obstante, sostiene que ya se regularizó todo y está garantizada esa asistencia por los próximos tres años.
“El proceso licitatorio tuvo un problema porque nos rechazó el Ministerio de Industria y Comercio; para nosotros es más conveniente la licitación por kit, pero ellos nos ordenaron hacer una nueva licitación por producto y eso retrasó la entrega”, afirma.
La Oficina de Atención de Víctimas realizó un censo este último año para determinar quiénes recibirán la ayuda alimentaria. Argumentan que en estos 20 años hay gente que murió o que ya no vive en el país, por lo que se modificó la cantidad de víctimas a ser asistidas.
El trabajo determinó que son 350 las personas que pueden retirar los productos consistentes en yerba mate, coquito, azúcar, fideo, aceite y otros elementos de la canasta básica familiar.
Los productos se retiran de la Oficina de Atención a Víctimas, ubicada en el barrio Santísima Trinidad de Asunción. Las autoridades tienen un proyecto de mudar la sede al Memorial Ycuá Bolaños, espacio que fue construido para las víctimas.
Otra de las posibilidades que otorga la Comuna asuncena a las víctimas es el servicio gratuito en el Policlínico Municipal, donde disponen de una atención en consultorio.
Norma, Luis y Alcides coinciden que estos servicios son una ayuda, aunque no llegan a llenar el hueco que dejó la tragedia.
“Vamos a llevar esto hasta el último suspiro que tengamos acá en la tierra”
Justa reparación a víctimas, una materia pendiente
La justa reparación a las víctimas por el siniestro del supermercado Ycuá Bolaños sigue siendo una materia pendiente para la Justicia, según reflexiona el abogado Alfredo Montanaro, que patrocina a los hermanos Patricio y Carlos, quienes perdieron a su madre en el incendio. Ambos accionaron en el fuero civil y hasta hoy no consiguieron la ansiada reparación.
Sus clientes cuentan con una sentencia judicial por la que deben cobrar la suma de G. 400 millones; sin embargo, todavía no pueden hacerlo debido a la serie de trabas legales que se interpusieron en el camino.
Montanaro lamenta que en estos 20 años, sus colegas, representantes legales de Juan Pío Paiva y los demás accionistas del supermercado, hayan hecho “uso y abuso de los resortes procesales legales permitidos” para extender la agonía de las víctimas y no otorgarles el resarcimiento a la mayoría.
En su opinión, la responsabilidad de poner fin a este caos judicial es de la Corte Suprema de Justicia, que deberá ordenar una auditoría para determinar de qué manera se repartieron los fondos, teniendo en cuenta que solo unos pocos se llevaron casi la totalidad del dinero.
Así también, considera que aún se debe analizar cómo es que se privilegió a los abogados que defendieron a los dueños del centro comercial en contra de los intereses de las verdaderas víctimas de esta tragedia.
