Lo que en el Paraguay de este siglo XXI se está debatiendo es nada más y nada menos que la visión de lo público, y el criterio impuesto por una clase política que ha propagado la idea de que es correcto y aceptable considerar lo público como propio de una persona o de un partido político.
Es así que, frente al escándalo y los escraches en redes sociales, la mayoría colorada cartista y sus satélites han recurrido a la estrategia de argumentar con tecnicismos para justificar las contrataciones de hijos e hijas de diputados y diputadas, personas sin méritos y que accedieron a un puesto en la función pública con el exclusivo mérito del parentesco.
La iniciativa ciudadana Chau Nepotismo los sorprendió con 50.000 firmas de ciudadanos que pedían acabar con la detestable práctica del nepotismo y con un proyecto que ampliaba los criterios sobre nepotismo y hasta incluía sanciones para autoridades y funcionarios que se aprovecharan de sus cargos para copar el Estado con sus familiares. Frente a eso respondieron con algunos proyectos improvisados que al final fue lo que aprobaron, sin debate y despreciando las propuestas contenidas en la iniciativa popular.
Con lo que aprobaron los parlamentarios, queda asegurada la impunidad para uno de los casos emblemáticos, el de Montserrat Alliana Encina, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana; la joven de 25 años, que cumple funciones en la Cámara Baja y percibe un salario de más de G. 18.000.000, causa que fue desestimada por la Fiscalía. Igual sucederá con la hija del diputado colorado cartista Yamil Esgaib, Magida Esgaib, quien percibe un salario de G. 21 millones en la Embajada ante el Reino Unido, ocupando un cargo administrativo.
Con la decisión de la mayoría colorada en el Congreso Nacional se asegura la impunidad absoluta para que los diversos clanes familiares siguen percibiendo salarios del dinero público, copando de esta manera las instituciones del Estado con esposas, yernos, hermanas, hijos e hijas que podrán acceder a cargos vía privilegios y sin méritos académicos.
La alevosa defensa del nepotismo de la que hicieron gala en as cámaras de diputados y en senadores nos muestra una vez más la profunda degradación de la política en el Paraguay.
Si nuestros políticos practicaran fueran personas que practican el valor de la ética, no precisaríamos de ley antinepotismo alguna, porque la sola condición inmoral del hecho sería para estos un obstáculo. Pero sin ética, y con la visión del estado patrimonialista, en la que no distinguen entre el patrimonio personal y público, en Paraguay efectivamente necesitamos una ley antinepotismo que contemple duras sanciones.
Ayer, la sociedad paraguaya presenció de manera clara y explícita la estrategia de quienes deberían representar los intereses del pueblo y decidieron ignorar una iniciativa popular impulsada por decenas de miles de ciudadanos preocupados por el uso de los recursos públicos.
Es a pesar de todo una saludable advertencia a la clase política, que más de 50.000 paraguayos y paraguayas hayan promovido una iniciativa invocando un derecho consagrado por la Constitución Nacional. Deben tomar nota los parlamentarios que abusan de sus mayorías, que sin participación ciudadana no hay democracia.
