Así reza el dictamen de la Fiscalía General del Estado (firmada por Artemisa Marchuck) que considera inconstitucional la destitución de la ex senadora del Encuentro Nacional. Ahora queda en manos de la Corte Suprema la decisión que, sin duda, marcará un punto de inflexión sobre un tema que generó escándalo y tuvo impacto nacional e internacional.
Kattya González, la cuarta senadora más votada de las elecciones generales, fue destituida por 23 senadores en febrero pasado porque el cartismo ya no soportaba sus aguijones políticos que apuntaban a la esencia de su perverso modelo. Sus certeras investigaciones sobre el dudoso título de abogado de Hernán Rivas que obligó al senador a renunciar a la presidencia del Jurado de Magistrados la colocaron en el blanco, pero fue el caso de los nepobabies la gota que colmó el vaso para que le bajaran el pulgar. La acusaron de filtrar los datos sobre los hijos privilegiados, quienes sin formación académica ganan salarios escandalosos, especialmente el de la hija del vicepresidente Pedro Alliana, uno de los “mimados” de Horacio Cartes y potencial candidato presidencial.
Para acusarla y pedir la pérdida de investidura le buscaron una falta administrativa. Como el reglamento exige 30 votos para la expulsión de un senador, en la misma sesión cambiaron las reglas de juego porque no contaban con la cantidad requerida. Y ese fue el error que la Fiscalía toma para calificar de inconstitucional la expulsión. “La Cámara Alta no ha derogado en general la Resolución 429/2023, pero al abordar el caso de la pérdida de investidura de la ex senadora, en fecha 14 de febrero de 2024, ha ignorado las reglas preestablecidas en la resolución aludida, emitida, menos a dos meses atrás, por el mismo órgano y con su actual composición (periodo constitucional 2023-2028); lo cual contradice de manera directa el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos y, por ende, el Estado de derecho y el principio de legalidad”, sostiene el dictamen fiscal.
No solo eso. También reprocha a la Cámara de Senadores atribuirse competencias de la Corte Suprema por “inaplicar normativas que considere inconstitucionales”.
EL PROCESO. Si bien el dictamen fiscal no es vinculante (de cumplimiento obligatorio), es un requisito para que la Sala Constitucional se expida.
Si bien es un debate jurídico, el caso Kattya es altamente político, no solo porque define roles y limitaciones del Poder Legislativo, sino porque la sentencia marcará la cancha de lo puede hacer el oficialismo.
En principio, el tema debe ser resuelto por la Sala Constitucional, integrada por Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel. Pero como es un hierro caliente, es probable que uno de ellos plantee que lo resuelva el pleno. Lo cual dilatará la definición porque este trámite lleva tiempo. Esta será una primera luz amarilla.
La Corte Suprema está en un brete. Es el primer caso controversial que medirá su nivel de independencia del cartismo, que en su retorno al poder ha logrado la hegemonía de todas las instituciones del Estado. Justamente, ese copamiento es clave para entender los miedos de legisladores, fiscales, jueces y ministros de Corte.
La mayoría absoluta que Honor Colorado tiene en ambas cámaras le da el poder para expulsar a sus adversarios del Congreso, así como lo hicieron con Kattya. Esa fuerza primitiva y brutal (como también se vio con el inédito “desdesafuero” para salvar a Erico Galeano) es el arma que esgrimen contra quienes osen levantar la voz. La Corte sabe que camina sobre la delgada línea del juicio político. ¿Se atreverán a salir los ministros en defensa de la independencia judicial a pesar de las consecuencias? ¿Correrán el riesgo de perder los privilegios de la toga?
La Corte Suprema no solamente definirá si el Senado obró de manera legal o no. El fallo impactará en el corazón mismo de la institucionalidad. Cuando la comunidad internacional y los gremios empresariales elevaron su voz de protesta tras la expulsión de la senadora alertaron que el caso violaba las reglas del debido proceso y dañaba la ya deteriorada imagen nacional. La sentencia impactará sobre la seguridad jurídica.
El dictamen del Ministerio Público reavivó el debate y dio un paso hacia la reivindicación moral de González. El camino es largo aún.
Por de pronto, en el cartismo hay opiniones dispares. El senador y futuro presidente del Congreso, Bachi Núñez, adelantó que sería imposible que Kattya retorne a su banca porque “no existe la posibilidad de recuperación de la investidura hasta en nuestra Constitución”.
El presidente Santiago Peña fue más prudente. Pidió “dejar que las instituciones funcionen; es un tema judicial que ellos van a tener que definir”.
Más allá de lo que digan ambos dirigentes, o la misma Corte Suprema, la verdad está en el quincho de la calle España. Allí, un solo hombre decidirá qué hacer. Como sucedió con la destitución, cuando desechó la opinión de los citados que recomendaron una amonestación.
