La reciente crisis causada por el traslado del incremento del precio internacional del petróleo a los precios locales de los combustibles al consumidor, expuso la frágil institucionalidad y débil confianza vigente en nuestro país en torno a la economía social de mercado, sistema de organización económica que hemos elegido los paraguayos como mecanismo para la fijación de precios en la economía.
Nuestro país no produce petróleo, compramos el 100% de los combustibles del exterior y es crítico garantizar su abastecimiento en tiempo y forma, al menor costo posible. El volumen importado en el 2021 fue de 2.150.000 toneladas, un consumo de alrededor de 60 mil barriles de petróleo por día, apenas el 0,06% del consumo mundial, absolutamente imperceptible, por lo cual somos absolutos tomadores de precios internacionales. En el traslado de estos precios internacionales al mercado interno impactan otras pocas variables: Seguros y flete fluvial, la cotización del dólar, el impuesto selectivo al consumo y los márgenes de comercialización mayorista y minorista. El régimen de importación y distribución es libre, con algunos requisitos de capacidad de almacenaje, y operan alrededor de 21 emblemas con unas 2.500 estaciones de servicios en todo el país. Los cuatro emblemas principales manejan cerca del 60% de las estaciones de servicios y la empresa estatal Petropar opera una cantidad cercana al 10% de los mismos.
Por otro lado, hay algunas evidencias relevantes que podemos extraer del comportamiento del mercado en las últimas semanas, de consumidores y empresas comercializadoras, que pueden servir de insumo para mejorar el funcionamiento y los resultados de un sector crítico para la ciudadanía y para la economía en general.
En primer lugar, se observó una alta sensibilidad de los consumidores a las diferencias de precios, indicando una elevada elasticidad de la demanda. Durante algunos días los precios de Petropar fueron artificialmente inferiores, por efecto del subsidio, en alrededor del 30% con respecto a los demás emblemas, y los consumidores se volcaron masivamente a sus estaciones de servicios, a pesar de las largas colas y tiempos de espera. Siguió ocurriendo lo mismo una vez eliminado el subsidio y Petropar reajustó sus precios pero manteniéndolos inferiores en torno al 5% con relación al resto, hasta que finalmente, los otros emblemas redujeron sus precios equiparándolos a los de Petropar. Esta elevada elasticidad implica que difícilmente existan diferencias de precios entre los emblemas.
En segundo lugar, a pesar del gran número de estaciones de servicios que operan en el mercado, se notó una importante desconfianza de la opinión pública y de los consumidores respecto al comportamiento competitivo de los mismos, en la fijación de precios. Hay una percepción de que los reajustes de precios al alza son inmediatos y las reducciones son demoradas o no realizadas en su totalidad ante cambios en los costos de importación o en la cotización del dólar, sugiriendo una coordinación entre los principales emblemas en la fijación de los precios.
Es fundamental recuperar y preservar la confianza ciudadana en el funcionamiento eficiente de los mecanismos de mercado. En este sentido, es muy importante el rol de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Conacom), que debe involucrarse, evaluar el funcionamiento del mercado, identificar los factores que pudieran estar obstaculizando la competencia, a pesar del alto número de participantes y sugerir los cambios necesarios para mejorar su efectividad. Por otro lado, es necesario regular adecuadamente la participación de Petropar, de tal forma que su comportamiento no genere o no incremente las distorsiones, sino que busque evitarlas. Una política de precios apropiada de Petropar, considerando costos eficientes y un margen de utilidad razonable, puede influir positivamente en los ajustes de precios del mercado, al alza o a la baja.
A pesar de los errores cometidos, podemos sacar aprendizajes de esta crisis y realizar cambios que mejoren el funcionamiento del mercado de combustibles, con más competencia que resulte en precios menores, transparentes y mejor calidad de servicios.
