Con esta ley también Paraguay ingresa al mercado de carbono, pero su principal importancia radica en si se cumple con salvaguardar el medioambiente, las personas y la economía.
Para entender de qué se trata la ley, primero hablemos del dióxido de carbono (CO2), que es un compuesto químico formado por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, el cual está cada vez más presente en la atmósfera y contribuye en gran manera al calentamiento global. La quema de combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura intensiva liberan grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, lo que provoca el aumento de la temperatura global. También es causante de problemas de salud y se teme que el cambio climático provoque la extinción de especies y la pérdida de hábitats.
Los gobiernos han impulsado acuerdos, convenios, leyes y proyectos, tanto locales como internacionales con el interés en reducir la emisión de CO2. Uno de ellos es el conocido Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de la temperatura global, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proporcionar financiamiento climático para ayudar a los países en desarrollo.
En Europa, por cada uno de los créditos o bonos de carbono, una empresa o un país tiene derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono o el equivalente de otro gas de efecto invernadero. Cada entidad posee un número limitado de créditos y puede adquirir nuevos, comprando a un tercero o generando a través de proyectos de mitigación. Aquí es donde entra a funcionar un crédito de carbono, consistente en un instrumento comercializable representado a través de un certificado, que asigna una equivalencia de reducir, evitar o capturar una tonelada de gases de efecto invernadero.
Según señaló el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, el precio en el mercado voluntario se encuentra entre USD 3 y 15 USD por tonelada de carbono secuestrado, y el mercado regulado entre USD 40 y USD 70. Además del sector privado, el Estado también podrá llevar adelante proyectos que generen créditos de carbono y ser titular de estos.
A pesar de lo bueno que parezca, me surge la duda de si es realmente esta ley una visión integral del Gobierno, que promueve el desarrollo sostenible en armonía con la búsqueda de nuevas oportunidades económicas, sobre todo en un país donde no se cumplen las leyes ambientales, empezando desde el campo hasta las industrias, con el uso de los agroquímicos sin control hasta los arroyos y ríos contaminados por los desperdicios de las fábricas.
Debemos tener presente que no se trata de una ley económica que busca inversiones, al menos, no debe de ser objetivo principal, sino más bien reducir la emisión de carbono y mitigar sus efectos, que es una responsabilidad ambiental y social de todos.
