En los últimos años ha crecido la crítica al sistema meritocrático de organización social, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. Sin embargo, no podemos olvidar que el mismo es una enorme evolución respecto a otros sistemas en los cuales las sociedades estaban divididas por clases, con nula o escasa movilidad entre ellas, y ciertas actividades solo podían ser ejercidas por personas con títulos nobiliarios de carácter hereditario y asignados de manera centralizada por el gobernante de turno.
Un sistema de organización social abierta y meritocrática está basado en la libertad de cada persona de decidir qué estudiar, a qué dedicarse, cuánto esforzarse; o sea, de determinar sus propios objetivos para alcanzar una vida plena.
Para realizar sus objetivos interactúa y negocia continuamente con otras personas en ámbitos laborales, en los negocios, etc., compitiendo con otros interesados, un proceso en el cual van prevaleciendo aquellas personas más competentes, responsables y creíbles. El proceso es abierto, continuo y descentralizado, donde en cada caso la persona que toma una decisión busca obtener el mejor resultado posible. Si es un nuevo empleo, será seleccionado el más competente para el cargo o, si es un negocio, ganará aquel que ofrece el mejor producto. En cada transacción, gana el que tiene más mérito y los que pierdan tendrán que mejorar para las siguientes transacciones. Implícitamente el sistema genera incentivos a todas las personas a ser más competentes y confiables para progresar, sin la intervención discrecional de ninguna autoridad para decidir quién gana o pierde. Como resultado, hemos visto el enorme desarrollo económico y social en el planeta en los últimos dos siglos.
Las críticas al sistema enfatizan en que la competencia no es entre iguales y que es muy cruel con los perdedores. En las sociedades contemporáneas resultantes del sistema meritocrático persisten grandes desigualdades sociales y, en los países en desarrollo en particular, grandes segmentos de la población están en situación de pobreza. Sin embargo, las opciones son limitadas. ¿Hay otro sistema mejor?, o, ¿hay mejoras posibles, pero manteniendo el régimen? Indudablemente es un sistema perfectible, pero los caminos de mejora son muy diferentes entre países desarrollados y países en desarrollo. Además, cualquier intervención estatal regulatoria debería minimizar el impacto en los incentivos individuales que motivan el esfuerzo a ser mejores, innovadores y más competentes; que constituyen el motor del dinamismo de las sociedades actuales.
En nuestro país en particular, la prioridad es avanzar en la igualdad de oportunidades. Tenemos fallas básicas en los servicios públicos que son habilitantes para que las personas sean competitivas. El acceso igualitario a una buena alimentación de los niños, a una atención básica de salud y a una educación de buena calidad para los pequeños, es fundamental para que sean competentes en su edad adulta. Estos servicios deben mejorar en su calidad, para lo cual deben ser profundamente reestructurados. Para mejorar la calidad, se requieren funcionarios competentes, quienes deben ser seleccionados y progresar a través de concursos de méritos y de desempeño. Debemos instalar meritocracia en vez del nepotismo o del clientelismo en la Función Pública. Por otro lado, es necesario impulsar la promoción del emprendedurismo y mejorar el funcionamiento competitivo de los mercados, facilitando el acceso al capital y a los mercados de consumidores a los pequeños empresarios y nuevos emprendedores.
La meritocracia tiene la bondad de otorgar a cada persona la libertad de ser dueño de su propio destino, de fijar sus propios objetivos y realizar el esfuerzo necesario para alcanzarlos independientemente de su origen social, raza, sexo o religión y genera los incentivos adecuados para ser mejores y más competentes para progresar dinamizando el funcionamiento de la sociedad entera. Sin embargo, para su funcionamiento efectivo es fundamental que las políticas públicas garanticen la igualdad de oportunidades y un sistema de protección social que facilite la rehabilitación continua de los perdedores que van surgiendo en la dinámica competitiva implícita en el sistema.
