La Fiscalía imputó al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por lesión de confianza, tras una supuesta compra ficticia de kits de alimentos para familias de escasos recursos durante la pandemia del Covid-19.
“Me parece que están armando algo bastante descabellado, en cualquier país serio yo ya iba a ser sobreseído. Pero bueno, estamos acá, la Justicia funciona de esta manera”, expresó Miguel Prieto a radio Monumental 1080 AM.
Asimismo, adelantó que va a pelear en la Justicia, ya que confía en que todavía hay “gente cuerda” en el país que pelea por tratar de mejorar la situación.
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“Imputación es muy rebuscada”
Prieto recordó que en pandemia había gente golpeando ollas frente a su casa, gente desesperada pasando hambre y que los municipios que tenían dinero en ese momento hicieron un llamado rápido.
“Niego categóricamente que nosotros no entregamos esos kits, el proceso capaz que cuestionen, pero era un proceso de emergencia como hicieron todos los municipios. Esto es algo demasiado rebuscado ya, era algo que yo veía venir desde que perdimos las elecciones, algo que políticos colorados venían adelantando ya, pensé que se iba a dar con la asunción del nuevo presidente, pero se adelantaron”, remarcó.
Prieto afirmó que ya venía esperando una imputación y sabía que iba a pasar, pero que se va a defender, ya que cuenta con todos los documentos y el equipo jurídico ya se está dirigiendo a Asunción para darse por notificado.
“Ellos cuestionan que yo entregué los kits antes, le escuché en una radio al fiscal, cuestionan eso, no recuerdo haber hecho eso, habremos entregado otros kits, porque en ese momento comprábamos nosotros, no entregaba el sector privado. Yo estoy seguro de que el proceso de contratación se hizo bien, yo creo que nuestra directora de UOC hizo el trabajo correcto, eso lo vamos a demostrar ante la Justicia”, aseveró.
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El intendente opositor de la capital de Alto Paraná aseguró que también participaron en la entrega de kits la iglesia, tanto católica como evangélica, bomberos voluntarios, Cruz Roja, universitarios, funcionarios municipales y voluntarios de la sociedad civil, quienes uno a uno llevaban a entregar los kits.
“La Fiscalía vino también, estuvo presente, porque recuerdo se había denunciado que compramos de contrabando, y la Fiscalía ya vino, inclusive los reservistas estuvieron presentes, la Contraloría, ellos vieron en ese momento, ya emitieron su dictamen, yo esperaba que un año después ya iba a estar sobreseído y que iba a ser un asunto pasado, que ya íbamos a superar esto, pero no, siguen en lo mismo, y digo yo, cada uno tiene su interés”, manifestó.
No cuenta con vínculo con la empresa proveedora
El jefe municipal aclaró que no cuenta con ningún vínculo con la empresa proveedora, de nombre Tía Chela, propiedad de Fermín Ávalos Britos, y que recién ahora con la imputación se entera de quién es el propietario.
Explicó que la firma subcontrató a una ex pareja suya del 2011, pero que es algo de lo que él se enteró ya en el proceso y que no guarda relación con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Emi libanesa Florentín fue mi pareja en el 2011, pero ella no ganó ninguna licitación, ahí miente el fiscal, fue una empresa de Asunción que no recuerdo el nombre y la subcontrató a la empresa de Emi libanesa Florentín, yo me enteré en el proceso no más ya de eso, pero eso es un acuerdo entre ellos, donde la municipalidad no tiene nada que ver”, aseveró.
El intendente mencionó que ellos venían entregando kits desde antes del contrato gracias a la donación del sector privado y que la Contraloría cuenta con todos los documentos e incluso el mapa georreferenciado.
“Había padres presentes que seguramente van a ser testigos para que la ciudadanía sepa que yo no me quedé con ningún kilo de arroz, de azúcar”, recalcó.
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Según la imputación, la empresa no contaba con capacidad financiera, tampoco disponibilidad material de los bienes ofertados, capacidad técnica ni experiencia para dar cumplimiento a una licitación de un monto significativo y otras cuestiones que fueron pasadas por alto y que a pesar de ello el Comité Evaluador se expidió de manera favorable por un contrato de G. 2.949 millones.
“No sabría decirte, lo que puedo comprobar 100% es que la empresa proveyó la totalidad de lo que se comprometió, ¿de qué daño patrimonial estamos hablando entonces? Acá se habla de que no se proveyó y no se entregaron”, alegó.
Para el Ministerio Público, el perjuicio patrimonial sería por el monto total del contrato, ya que sostiene que nunca se entregaron los kits y fue solo una simulación de compra.
“Me parece una idiotez, primero dicen que el intendente estaba entregando antes y luego que no recibimos. Claro que entregó la totalidad. Nosotros no trabajamos de esta manera, repito, es una estupidez lo que está haciendo la Fiscalía. Esto se hizo bien, se compró de Tía Chela, se pagó y ellos hicieron el proceso en todo momento”, se defendió.
“No se compró nada de contrabando”
También subrayó que nada se compró de contrabando y que entiende que funcionarios públicos están empezando a mentir para salvar sus puestos de trabajo.
“Hace rato ya me hubiesen imputado si en verdad encontraban cuestiones. No sé si es una persecución cartista o no. Si pueden probar que yo me quedé con un solo guaraní, que me lleven a la cárcel, pero no me vengan a inventar estupideces, de que usamos la estructura para traer contrabando. La gente vio, tenemos testigos”, expuso.
Finalmente, dijo que cuentan con 75.000 fotos de las personas que recibieron los kits, además de las planillas que firmaron e incluso el georeferenciamiento. “Tendrían que llevarme a la cárcel y llamar a nuevas elecciones, pero yo no voy a renunciar”.
