Por decir, resulta hilarante escuchar o leer en las redes a una legión de operadores políticos colorados celebrar la victoria de Javier Milei en la Argentina, como si las propuestas del nuevo presidente argentino tuvieran alguna relación con las prácticas republicanas. La verdad es que si Milei hubiera sido electo presidente en Paraguay, sus presuntos admiradores estarían aterrados o huyendo del barco como ratas.
Un ejemplo de estos discursos hipócritas es el del senador Basilio Núñez, quien, recordando aquel famoso video del entonces candidato Milei en el que anunciaba que suprimiría la mayoría de las secretarías de Estado, exigió la eliminación en Paraguay del Ministerio de la Mujer. Es una típica posición farisea de un legislador que mantiene como su escolta personal a un tal Fernando Rolón, quien aparece como funcionario comisionado en Diputados con un salario de 17 millones de guaraníes, y paralelamente como director de la bancada cartista en Senadores, con una asignación de 11 millones de guaraníes.
El paniaguado de Núñez, que pasó mágicamente de un salario de seis millones de guaraníes a más de 25 millones, es un ejemplo clásico de la parasitosis estatal que Javier Milei promete combatir. Al chanterío republicano le encanta poner foco en los elementos accesorios del discurso del extravagante Milei, pero prefieren esquivar la parte medular de su prédica; el nuevo presidente argentino es un economista liberal y como tal apunta a cortarle el chorro del dinero público a lo que el denomina la casta, esa asociación impúdica de dirigentes políticos, sindicatos estatales y contratistas del estado. Lo que acá llamamos comúnmente partido colorado.
A Milei no le preocuparía tanto un ministerio de presupuesto irrelevante como el que le quita el sueño a Núñez, estaría preguntándose más bien cómo desmantelar el gigantesco ejército de operadores políticos que metieron en nómina los republicanos a lo largo de siete décadas, casi todos sin concursar. Cuestionaría ácidamente la razón de mantener al Estado embolsando cemento, destilando caña o manteniendo empresas financieramente quebradas e innecesarias como Copaco. Probablemente, pediría la cabeza de los administradores que inventaron la figura de la desprecarización laboral para seguir sumando funcionarios que entran por la ventana mediante el padrinazgo político, y armaría un verdadero escándalo cuando se enterase de los privilegios incluidos en los famosos contratos colectivos de trabajo de las empresas públicas.
El supuesto ídolo del cartismo infartaría al ver la nómina de las entidades binacionales, la lista interminable de punteros políticos (como dicen allá), parientes, amantes y socios comerciales que se colaron sin concursar, y los salarios intergalácticos que cobran. Se arrancaría los pelos al ver la montaña de dinero proveniente de los fondos de Itaipú y Yacyretá que han recibido gobernaciones y municipios a lo largo de los años, y la generación de nuevos ricos que esa sangría pública permitió.
Un Milei en Paraguay estaría horrorizado viendo como todos los administradores de turno que se embolsaron dinero público de manera grosera y abierta por décadas terminan blanqueados por un poder judicial cooptado por el partido que gobierna de manera casi ininterrumpida desde hacer tres cuartos de siglo. Y probablemente entendería por qué un presidente novato se expone innecesariamente a polémicas constitucionales solo para meter a los apurones a una representante del oficialismo republicano en el órgano encargado de nombrar o dejar fuera a jueces y fiscales.
En realidad, hoy resulta difícil saber qué hará o podrá hacer el controvertido Milei en función de poder. Una cosa es el discurso cuando se busca el poder y otra muy distinta la acción cuando se lo ejerce desde el gobierno. Pero algo es seguro, si hubiera sido elegido en el Paraguay, esos mismos operadores que hoy lo elogian desde las redes estarían conspirando para derrocarlo.
